por José María Rodríguez Arias

P uede ser una de las mejores noticias de la semana (y pasará desapercibida entre la guerra de banderas), la Fiscalía andaluza quiere poner fin a la impunidad en la siniestralidad laboral, sobre todo en las obras de construcción (donde más accidentes, sobre todo mortales, se producen). Tal vez uno de los delitos más recurrentes y menos perseguidos es el cometido por los empresarios con respecto a sus trabajadores (hablamos de delitos, no de la tropelería de ilícitos que cometen en distintos ámbitos). Y es hora de recordarles la ley, en tanto que la mayoría de accidentes no son tales, porque siguiendo la normativa pudieron ser evitados.

La noticia es buena, supone el reconocimiento por la parte institucional de la necesidad de poner en juego los instrumentos legales existentes para intentar detener la ola de muertes que se producen en la construcción civil. Muertes que no tienen perdón bajo el "estas cosas pasan" tantas veces repetida, o "tuvo mala suerte". Mientras en la sociedad española existe cada vez una mayor conciencia de que estas cosas no deben pasar en otros ámbitos (sobre todo en el vial y el familiar) la parte laboral queda relegada de los medios, de los tribunales, de la sociedad. No porque cerremos los ojos ante lo evidente los accidentes, que no son tales, dejarán de producirse y ya no morirá gente. En el 2006 hubo 1338 muertos trabajando. Y no se suele contar a los pescadores (que han tenido días negros últimamente) ni a los que caen a causa de enfermedades profesionales (sólo se cuentan los accidentes laborales). Y sólo hablamos de muertes, los accidentes laborales son demasiados para ser tolerables, en tanto que en gran medida se producen tras un incumplimiento, por parte del empleador, de las normas básicas de seguridad.

Andalucía, además, es la Comunidad Autónoma con más siniestralidad laboral, por delante de Cataluña, Madrid y Valencia, estando, además, aumentando dicha siniestralidad (un 3.8%, aunque, por el aumento de trabajadores, el índice general bajó). También podemos relacionar directamente la siniestralidad con el empleo sumergido (y los más perjudicados, en este sentido, son los inmigrantes, que se ven empujados, por una situación de necesidad, a aceptar a trabajar en condiciones precarias, sin olvidar que muchos de ellos no conocen sus derechos en este país, y vienen de otros con mucho peor legislación), así que tiene mucho sentido que sea una comunidad especialmente preocupada en acabar con este gran problema... Al menos ahora.

Hace un año, como nos recuerda el artículo de Público citado al principio, se habló de la creación de una policía especializada en la investigación de los delitos laborales (tan comunes y tan poco perseguidos, como vengo diciendo en la presente entrada), algo que el gobierno de Andalucía no ha realizado aún. Pero poco a poco se van dando pasos, tal vez demasiado lento para una comunidad que está a la cabeza de la siniestralidad en la Unión Europea.

En España faltan inspectores de Trabajo, y faltan a montones. Está, este país, muy por debajo de la media europea en cuanto a Inspectores de Trabajo en relación a trabajadores totales. Por otra parte, los juicios laborales o administrativos por ciertas infracciones son largos y acaban con multas fáciles de cumplir para los pocos empresarios infractores castigados, así pues, sale más barato incumplir la ley que proteger a los trabajadores (la mano de obra, para esta gente, es simplemente un coste, no son personas, sólo un elemento productivo más de la cadena, eso, señores, se llama capitalismo), por ello esta iniciativa es particularmente interesante, en tanto que los empresarios se darán cuenta que son los principales responsables de la seguridad de sus trabajadores, que deben ser celosos en el cumplimiento de la normativa para evitar más sangre derramada injustamente. Incumplir la ley y matar o lisiar a la gente no puede salir tan barato como lo es hoy, sobre todo porque existe una legislación completamente infrautilizada para que dichas muertes no sean gratuitas.

Desde este pequeño espacio saludo la iniciativa de los fiscales andaluces, y espero que desde la Fiscalía General del Estado se dé la orden al resto de fiscalías para que en toda España la ley penal contra los patrones asesinos se cumpla, y poco a poco el miedo a la cárcel haga recapacitar a los empresarios, ya que el cariño por la vida del prójimo no lo ha hecho nunca, ya que el beneficio está por encima de unas pocas vidas.