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por José María Rodríguez Arias
Otra vez estamos frente al típico seudodebate en que se pide
cadenas perpetuas, endurecimiento de las penas brutales, y otro tipo de
medidas que salen más del corazón que de la cabeza, es entendible que
nos pongamos en lugar de la víctimas, y que pidamos, realmente,
venganza (ni justicia ni, por supuesto, un Derecho penal que se adapte
correctamente al Estado Social y democrático de Derecho). En Perú
vivimos este debate hace un tiempo (aún no cerrado, de vez en cuando
Alan García decide retomarlo), siempre desde la perspectiva del horror
que causan ciertos delitos. Así pues, en España se escucha «cadena
perpetua para violadores y terroristas» (sí, se incluye como siempre el
terror a una organización para avivar los términos de la petición).
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por José María Rodríguez Arias
La eutanasia es, básicamente, que una persona, por acción u omisión, acabe con la vida (o acelere su final) de un enfermo que está en las últimas
para evitar su sufrimiento. Visto así, me resulta imposible
posicionarme en contra de la eutanasia como concepto. La eutanasia,
como saben, puede ser pasiva o activa. La pasiva no trae demasiados
problemas y es comúnmente aceptada, es la activa la que trae,
verdaderamente, problemas. Hasta ahora, casi todos los casos populares
o que se estudian en la carrera responden a supuestos en que el
paciente no puede, por su propia mano, suicidarse, así pues, el
problema está en qué condiciones se deben dar para no considerar la
actividad de matar como penalmente punible atendiendo a las
circunstancias personales de quien desea morir y no puede, por sí
mismo, acabar con su vida.
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por Sergio Salvatore desde Ushuaia en Diagonal*
La cooperativa de trabajo Renacer de Ushuaia, Tierra del Fuego, es la primera empresa argentina gestionada por sus propios trabajadores. El origen de la lucha de estos obreros por recuperar su fuente de trabajo se remonta al año 1996, cuando Electrodomésticos Aurora S.A., quizá la más grande empresa de electrodomésticos de Argentina de esa década, que abastecía más del 40% del mercado de lavadoras, televisores y aparatos de audio y vídeo en general, azotada por la crisis y por el desgobierno financiero, quebró y dejó en la calle a más de mil trabajadores.
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En estos días se habla bastante del proyecto de reforma al código procesal bonaerense para incorporar el prcedimiento de "flagrancia", nuevo caballito de batalla de los que hacen propaganda con uno que otro parche represor a cada rato. En lenguaje llano, lo de la "flagrancia" se explica fácil: significa que al que agarran "con las manos en la masa" casi no se lo juzga, y con un proceso sumarísimo, que limita el derecho de defensa, va directo al juicio oral, donde se usa la prueba reunida en el momento de esa detención "en plena comisión de un delito".
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 Palacio de Gobierno de Lima
por José María Rodríguez Arias
En estos días se ha hablado mucho del padrón de afiliados del Partido Aprista Peruano (PAP o APRA), entregado a la Oficina Nacional de padrón de Afiliados según marca la Ley Nº 28094, de Partidos Políticos, publicado el 1 de noviembre de 2003 (para un buen resumen de todo el caso con respecto al APRA y los afiliados que "faltan" en el padrón, recomiendo el artículo de José Alejandro Godoy " Padrones y broncas apristas"). Y la verdad, tengo serias dudas sobre la constitucionalidad de la obligatoriedad de la entrega del padrón de afiliados o que esto realmente ayude a la transparencia de los partidos políticos.
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Madrid, Martes 22 de Enero. Plaza del Humedal, 19:30 hs.
CONVOCAN CCOO, USO, CGT, SUATEA, CNT Y CSI
En Asturias hay decenas de trabajadores y sindicalistas denunciados en los juzgados de lo penal por la policía y la guardia civil. La defensa de sus derechos como trabajadores se ha encontrado con la aplicación, por parte de ciertos jueces y fiscales, del código penal, y más concretamente el punto 3 del artículo 315 del mismo.
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 1. La situación de la inflación en España está descontrolada. Actualmente es del 4,1%, cuando la previsión era del 2% para 2007. Las perspectivas son de continuar en esta línea, toda vez que están alcanzando máximos históricos el petróleo y alimentos de primera necesidad. El año pasado, según las organizaciones agrarias, el pan subió el 14,1%, la leche el 29,6%, las aves el 11,4% y los huevos el 9,7% y la tendencia es a no bajar en 2008.
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por José María Rodríguez Arias
Habría que indicar, al comienzo de todo, que uno de los grandes
problemas de la “propiedad intelectual” viene del nombre con el que se
le conoce, ya que como “propiedad” es muy especial, y porque los derechos que confiere la ley
(y los tratados internacionales, sobre todo los primeros firmados)
aunque tienen un importante contenido patrimonial (en donde el concepto
de “propiedad” gana cierto sentido) su base real son los derechos
morales1. Por eso los derechos sobre una obra nacen al crear
la obra y no es necesario ningún registro, ni publicación, ni nada de
eso, siendo los registros, además, simplemente declarativos2.
Una vez dicho esto, y entendiendo que es lógico que el autor tenga
ciertos derechos básicos sobre la obra (tan básicos como puede ser la
paternidad de la obra, el derecho a publicarla/distribuirla o
guardársela para sí), otros son más discutibles, ya sea por su
existencia (la remuneración por copia privada como el más discutido) o
por su duración (el tiempo en que se protege los derechos patrimoniales
a mucha gente le parece excesivo, muchos abogan por la desaparición de
los mismos tras la muerte, lo cual a mí me plantea serias dudas3).
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Ante esta pregunta podríamos afirmar que la presencia creciente de productos de comercio justo en las estanterías de los supermercados y grandes superficies es una dinámica positiva que permite un fácil acceso a estos productos y un mayor número de ventas. Pero, ¿el comercio justo se limita tan solo a una cuestión comercial?
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expediente a Movistar, Vodafone y Orange para determinar si pactaron subir sus tarifas en marzo. por Virginia Zafra y Amparo Estrada en Público.es*  De acuerdo con la ley, si la CNC consigue demostrar el pacto de precios podría aplicar a las operadoras una sanción de hasta el 10% de su facturación anual. El plazo para resolverlo es de 18 meses. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las tres operadoras subieron un 25% el precio de inicio de las llamadas y lo elevaron de 12 a 15 céntimos. A su vez, el precio por segundo se fijó en función de los distintos planes que ofrecían. Yoigo –que no está expedientada– mantuvo sus tarifas de establecimiento de llamada en 12 céntimos y las contabilizó por segundo, sin redondeo, lo que de hecho supuso una rebaja.
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