En general todos han condenado el golpe de estado en Honduras, no sé si hablar de golpe militar, en tanto que ha sido orquestado por la principal fuerza del Congreso, que ya nombró un nuevo presidente tras discutir una falsa carta de renuncia del actual presidente, Manuel Zelaya Rosales, que está en Nicaragua esperando poder regresar al ejecutivo de su país (del que fue expulsado). Las condenas van desde las tajantes hasta las del "está mal que se dé un golpe, pero él se lo buscó" (¿cómo te lo buscas?), hay un importante grupo de derecha, de esa de toda la vida que tiene el desparpajo de llamarse conservadora y liberal, que acusa a Zelaya de golpista y que aplaude el golpe de la oposición como una "aplicación de la legalidad constitucional".

La cuestión es complicada y merece intentar echar algo de luz sobre el tema. Se ha repetido mucho el meme de las intenciones reeleccionistas a lo Chávez (¿por qué no a lo Uribe?) y que el referendo en Honduras programado para el domingo 29 de Junio, en que se produjo el golpe, era para decidir si se permitía o no la reelección, algo actualmente prohibido por la carta magna de los centroamericanos hondureños.

Primero: Si se cumplía el plan de Zelaya, la reelección inmediata en favor del presidente actual sería imposible. En unos meses serán las elecciones generales (Parlamento y Ejecutivo se someterán a las mismas), y la pregunta de la consulta popular iba enfocada a si se convocaba una constituyente para modificar la constitución, entre otros puntos el de la reelegibilidad de quien ya ha sido presidente (en Honduras, a diferencia de Perú, quien ha sido presidente no se puede volver a postular). Así que no podemos hablar de un Zeñaya que buscara ser (al menos) reelegido inmediatamente, esto es, habría cambio de presidente sí o sí.

Segundo: No era un referendo. Efectivamente, no podía serlo. Incluso el encargado de la consulta era la oficina de encuestas y estadísticas (como el CIS español) y no la administración electoral. Por ello era una consulta no obligatoria (las elecciones en Honduras son obligatorias, como en Perú) y no vinculante. Era, como se dice, una consulta. No un referendo. Así que no se decidía nada realmente, mucho menos la reelección (esa no era la pregunta).

Tercero: ¿Quién ordenó el arresto del presidente hondureño? ¿Quién llevó acabo dicho "arresto"? ¿Es legal la deportación sin juicio? Estas preguntas son fundamentales para entender por qué en ningún caso la postura de quienes justifican el golpe está con el lado de la Constitución de Honduras. En ningún caso la expulsión del presidente del país es legal.

Pre golpe y antecedentes
El presidente siguió en su empeño de realizar una consulta fuertemente cuestionada, su partido (el liberal, de centro derecha, al que dio la espalda al poco de estar en el poder, y con quien rompió cuando consiguió que Honduras se aliara al Alba en el 2008) y los nacionalistas hondureños (muy a la derecha del espectro político), junto con tribunales títeres (las cosas como son) se oponen fuertemente a la consulta y consideran que el presidente está "violentando el Estado de Derecho".

Se produce el gran enfrentamiento con el general posteriormente golpista Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Zelaya destituye (anuncia la destitución según él)  al militar por negarse a distribuir el material para la consulta, dimiten generales y el Ministro de Defensa, la Corte Suprema anula la destitución y militares golpistas toman la capital del vecino norteño, el 25 es restituido el general Jefe del Estado Mayor que ordena a las tropas abandonar las calles. El Congreso intenta inhabilitar al presidente pero no sigue el procedimiento (no hacen, por ejemplo, el examen psiquiátrico preceptivo).

De la historia del golpe poco voy a contar, pueden leer las noticias sobre el tema, solo quiero resaltar que el ejército secuestra y expulsa del país al presidente, y acto seguido el Congreso nombra a su presidente, Roberto Micheletti, como Jefe de Estado, el mismo dice que su puesto es absolutamente legal y no viene precedido de un golpe...

Algunas cuestiones de legalidad constitucional
Efectivamente la reelección no solo está prohibida en la constitución de 1982, sino que la carta magna impide incluso promover la reforma del artículo 239. El párrafo segundo del citado artículo dispone:

«El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.»

Además, el 23 de junio el Congreso aprobó una ley con nombre propio, que impide celebrar consultas de cualquier tipo (sean o no de carácter electoral, insisto que esta no lo era) 180 días antes de unas elecciones, con lo cual las generales quedan dentro, justo, de ese término, haciendo imposible la consulta. Para las instancias judiciales y electorales la consulta no era legal. El presidente defendía la convocatoria al no ser un proceso electoral, por tanto, no se podían aplicar los impedimentos legales para dichas consultas.

Las constituciones rígidas están abocadas a ser aplastadas bajo insurrecciones o golpes de Estado, esa es una constante histórica. La consulta, que no era electoral, se refería a preguntar si habría que convocar una asamblea constituyente. ¿Cómo algo así puede ser delito? El problema es que no hay un procedimiento global de reforma constitucional. En todo caso, el delito sería posterior, el convocar una asamblea constitucional, no la consulta no vinculante ni electoral.

Pero hablemos de la estricta legalidad de la que habla Micheletti: El Artículo 102 de la Constitución vigente prohíbe que los ciudadanos de Honduras sean expatriados o entregados por las autoridades de su país a un Estado extranjero, así que la expulsión del presidente Zelaya es completamente inconstitucional. ¿Esa es la estricta legalidad?

El arresto de Zelaya (secuestro durante el golpe) no fue decretado por instancia jurisdiccional alguna, sino por una autoridad electoral, el Tribunal Nacional de Elecciones, cuyos integrantes los eligen los partidos políticos, que menos la izquierda (pequeña) están todos en contra del legítimo presidente de la república. ¿Puede el ejército ejecutar una orden de arresto? NO. ¿Quién dictó la orden de arresto? La información es contradictoria, unas fuentes hablan del Tribunal Nacional de Elecciones y las oficialistas de la Corte Suprema, en todo caso, si se arresta a un ciudadano, se le lleva ante tribunales, no a otro país. No tiene sentido hablar de arresto o detención, puesto que no se produjo el procedimiento legal de ninguna de esas situaciones, fue un secuestro y expulsión. Es un Golpe de Estado en toda regla.

Otras razones dadas por los golpistas en el Congreso son: Violación del artículo 245 literal 1 de la Constitución, que obliga al presidente a cumplir la constitución, leyes y otras disposiciones legales (deberían, por las mismas, despedir al presidente golpista), el artículo 321 de la Constitución (por realizar actos no expresamente contemplados por la ley, algo más que dudoso teniendo en cuenta el procedimiento de la consulta) y el artículo 322, que no tiene sentido puesto que solo es de aplicación al momento de tomar posesión del cargo. A Zelaya no se le ha dado la oportunidad de defenderse en ningún momento.

¿Se puede afirmar que el proceso de transición es legal cuando todo el proceso para que el mismo se produzca es ilegal? Por supuesto que no.

Imagen: This photograph was produced by Agência Brasil, a public Brazilian news agency. Their website states: "O conteúdo deste site é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil".