Sin medias tintas, la ley SB1070 califica como delito el estar en territorio de Arizona (Estados Unidos) sin la documentación adecuada (esto es, un visado o de turismo o de residencia o el que corresponda), la policía es la encargada, al ya penalizarse la situación de los inmigrantes, de comprobar la legalidad de la situación de toda persona en este territorio fronterizo con México. La policía debería arrestar a todo «sospechoso» de estar sin los documentos necesarios para residir legalmente si en el momento de la solicitud no lleva los mismos.

La «sospecha», aunque la norma no lo diga, se fundamenta en el origen étnico de la persona (¿a cuántas personas caucásicas le pedirán los documentos en el estado de Arizona?), con lo cual la norma es acompañada por un principio de discriminación claro: son sospechosos los que tienen origen latinoamericano, que en el momento de intervención de la policía deberán demostrar que poseen documentación o serán considerados delincuentes (y por ello, arrestados).

la gobernadora Brewer da un paso más y vincula la inmigración irregular con la delincuencia y la inseguridad ciudadana, por ello declara: «En Arizona hemos sido más que pacientes, a la espera de que Washington actúe (...) Pero varias décadas de inactividad y de políticas erróneas han generado una situación peligrosa e inaceptable». Se confunde al inmigrante con la inseguridad ciudadana, con las mafias (de las que cuando normalmente no forma parte o es una víctima de las mismas), se crea o insiste en la falsa sensación de que inmigración es sinónimo de delincuencia, y por ello se trata a los inmigrantes, por el hecho de serlo sin papeles, como delincuentes con todas sus consecuencias.

Obama ha calificado a la ley aprobada (desde que era proyecto) como una norma «irresponsable», y se queda realmente muy corto a lo que esta norma significa, que no es más que declarar delincuentes a más de medio millón de personas, de tirar a todo el estado represor contra las mismas. No es que la norma, como dijo el presidente demócrata, una ley que «puede permitir» abusos, es una criminalización que es un abuso en sí misma.

Como bien recuerda Miguel Vivanco, corresponsal de El Comercio en Washington, la inmigración irregular es usada por Brewer para mitigar un descontento entre los ciudadanos con derecho a voto en un contexto de una igualada contienda electoral, así pues, los inmigrantes se vuelven la cabeza de turco del Gobernador, con esto no solucionará ningún problema, pero sí contentará a unos cuantos votantes, y es finalmente lo que le interesa.

México ante un ataque directo a sus conciudadanos (un 90% de los irregulares en Arizona son mexicanos) ha reaccionado con más firmeza que en otras ocasiones similares. Patricia Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores mexicana, declaró: «La ley (...) afecta la relación entre Arizona y México, y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona», a la par que manifestó la intención del gobierno mexicano de brindar todos los recursos necesarios para que sus ciudadanos puedan defender sus derechos y su dignidad en Arizona (sobre la dignidad de los mexicanos en México nada dijo) y que «redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica».

En Arizona se acaba de declarar criminal al 10% de sus trabajadores, a más de 500 mil personas. Y esta situación hace que los inmigrantes indocumentados no solo se expongan a ser expulsados del país, sino a condenas de cárcel común de uno a cinco años. Los derechos civiles de todos tiemblan en Arizona, aunque unos cuantos lo celebran.

^{Y todo esto en un territorio que dejó de ser parte de México en 1848, en que Estados Unidos despojó a México el poder sobre dicho territorio en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos en la ahora conocida como Primera Intervención estadounidense en México dentro de la expansión al oeste de Estados Unidos.}