A finales de noviembre son las elecciones, y ya casi no hay posibilidad de que Manuel Zelaya, presidente constitucional de la República derrocado por los militares partidarios de Micheletti, acepte acuerdo alguno, tras la ruptura del prometedor pacto entre él mismo y el actual presidente de facto, Micheletti. El acuerdo pasaba por un gobierno de unidad con la reposición del presidente constitucional siempre y cuando Zelaya abandonara la idea de la cuarta urna, la de la consulta no vinculante para preguntar si hacía falta reformar la constitución, pero, a la hora de la verdad, Micheletti excluyó a Zelaya del gobierno de unidad y el Congreso puso demasiados peros en votar la restitución, con ello Zelaya se niega a seguir en un juego que se dilata en el tiempo favoreciendo la permanencia de los golpistas.

Micheletti acusa a Zelaya de ya no querer negociar, y Zelaya responde que ya no hay nada que negociar, máxime cuando ellos, los golpistas, se niegan a cumplir los acuerdos de negociaciones cerradas (el acuerdo establecía la restitución de Zelaya, y Micheletti, lo primero que hizo, fue presentarse como la cabeza del nuevo gobierno de unidad), y él no quiere avalar el golpe militar que azotó su país de manos de una derecha que no cree en la democracia y que lo primero que hizo fue restringir derechos y garantizar la inmunidad a los militares que, claramente, cometieron delitos contra el presidente y contra todo ciudadano hondureño (contando la deportación y destierro al que sometieron a Manuel Zelaya).

Así hemos llegado a un punto en que las elecciones en el país centroamericano no son reconocidas por el poder constitucional, mientras el poder de facto, gobernante tras el golpe, apura sus cartas para conseguir por un lado legitimizar internacionalmente el golpe de Estado cometido y, por otro, dotar de validez tanto nacional como internacional a las elecciones generales próximas. Y todo ello dentro de un clima donde Estados Unidos ya cambió de chaqueta, y parece que aceptará el gobierno que salga de las urnas, con eso a los golpistas les vale y les sobra para gobernar y mantener sus vínculos internacionales con la principal potencia del mundo, que no es poco, por más que siga siendo rechazado por el resto de la comunidad internacional.

Así pues, las dos partes del conflicto, el presidente inconstitucionalmente derrocado y sus seguidores por un lado, y los golpistas por el otro, están jugando sus cartas tanto en la política nacional como la internacional para hacer valer sus intenciones, las de unos tienen que ver con volver a la normalidad democrática pre-golpe, y las de los otros conseguir el triunfo del golpe por los hechos consumados, esto es, que tras las elecciones ya no haya vuelta atrás en la situación.

El actual gobierno de facto busca desesperadamente observadores internacionales para las elecciones del 29 de noviembre, con eso ganar fuera lo que ha conseguido con las armas dentro del país, y mantener a alguno de sus candidatos en el poder de la república (hablamos de las dos principales fuerzas políticas del país, ambas de derecha). Estados Unidos ha matizado su postura, espera que las elecciones sean la salida del problema, pero no se mojan en avalarlas si las mismas solo reciben apoyo de los golpistas, al menos no por ahora, mientras que la OEA ha sido clara, la organización no participará como observadora mientras no se restituya a Zelaya, no olvidemos que en el seno de la misma no se han aceptado a los representantes enviados por Micheletti y se mantiene a los del gobierno legítimo del depuesto Zelaya.

El Centro Carter también ha matizado su postura, de considerar que no hay garantías democráticas para que se lleven acabo los comicios, a mostrar sus esperanzas de que las tensiones permitan unas elecciones limpias, pero aun no confirma su presencia como observador internacional. Mientras tanto, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral afirmó que asistirían entre 600 y 800 observadores (otras fuentes hablan de entre 100 y 250), pero no dijo quiénes y de qué países serían. Sí están confirmados los que serían observadores de parte, varios ex presidentes latinoamericanos, todos de la derecha, como «Jorge Quiroga (Bolivia), Armando Calderón y Alfredo Cristiani (El Salvador); Vinicio Cerezo (Guatemala), Vicente Fox (México) y Alejandro Toledo (Perú)», que no dejan de ser personalidades sin capacidad de observación de los procesos electorales (como es la OEA o incluso el Centro Carter).

Otros que se mueven en la búsqueda de observadores que den legitimidad internacional a las elecciones son los empresarios que apoyaron el golpe de Estado, que buscan que asistan «líderes empresariales» de toda América, así como «intelectuales y personas respetables», este tipo de observadores, si bien es habitual en toda elección, son siempre «observadores de parte», no gozan en ningún caso de la neutralidad que tiene, por ejemplo, la OEA.

Zelaya por su lado ha movido ficha, desde el primer momento ha conseguido que gran parte de la comunidad internacional no reconozcan al gobierno golpista, sobre todo en América latina, harta de sufrir todo tipo de golpes que, hasta la fecha, no fueron contestados internacionalmente (todo lo contrario), así pues, muchos gobiernos ya han avisado que no reconocerán a las autoridades salientes de unas elecciones que no se produzcan con Zelaya como presidente, en tanto que él es quien debe convocar los comicios, al menos, no reconocerán elección alguna en que no participen los zelayistas.

«Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de estado militar, y el estado de facto en que vive Honduras no brinda garantías de igualdad y libertad en la participación ciudadana, a todos los hondureños (...) en estas condiciones, este proceso, y por lo tanto sus resultados serán sujetos de impugnación y no reconocimiento (...) realizar elecciones en las que el presidente electo por el pueblo está prisionero y un presidente de facto rodeado por los poderosos en el Palacio de Gobierno, sería una vergüenza para Honduras y una infamia para los pueblos de América», declaró Zelaya, que continúa refugiado en la embajada de Brasil en la capital hondureña.

El trabajo de Zelaya se encuentra más en el ámbito interno, en conseguir que la deslegitimación legal que tienen las elecciones se vea reforzada con una participación masiva en contra de las elecciones, esto es, dejar claro que el pueblo no quiere a los golpistas, tarea harto difícil más si tenemos en cuenta que los partidos mayoritarios son los que son, aunque han quedado bastante retratados con el golpe y Zelaya, durante su mandato, ha atraído las simpatías de muchos ciudadanos que no eran, precisamente, sus votantes.

Por ello el presidente insiste en declarar la falta de legitimidad de las elecciones y urge a los suyos movilizaciones, como las que lleva acabo el Frente Nacional contra el Golpe de Estado (FNGE), que ya avisó que desconocerá el proceso electoral mientras no se restituya a Zelaya. La consigna es clara: «La resistencia no tiene candidatos» y «Votar es legitimar el golpe».

Parte de la lucha de Zelaya se da dentro del que fuera su partido, que si bien votó a favor del golpe de Estado, se ha descompuesto en relación a algunas de sus bases militantes y hasta algunos dirigentes y diputados ya han anunciado que desconocen a Elvin Santos como su candidato, que se presenta por el Partido Liberal (con el que Zelaya salió presidente). Para el actualmente minoritario Partido Unificación Democrática, elegir entre el PL y el PN, ambos con candidatos que avalaron y propiciaron el golpe de Estado, es «cambiar un golpista por otro». Aun así César Ham, del PUD, no ha renunciado a su candidatura.

El objetivo ahora es una constituyente
Si el golpe se fraguó con la excusa de impedir un proceso constituyente sobre aspectos de la carta magna que están prohibidos de reformar (como la reelección presidencial), a los golpistas les puede salir el tiro por la culata.

El actual movimiento zelayista, mucho más organizado y que suma fuerzas antes contrarias al presidente, y todo gracias al conflicto generado que produce la necesidad de unión ante un enemigo común, ya no solo exige la vuelta del presidente Zelaya, sino que va un paso más y pide una asamblea constituyente «que nazca del pueblo», en otras palabras, cada vez se escucha con más fuerza la necesidad de un cambio constitucional, justamente lo que pretendían evitar los golpistas (eso y volver al poder, claro).

Por supuesto, las constituyentes no solucionan los problemas, pero en la actualidad son vistos, por los distintos pueblos latinoamericanos, como la fórmula más legal para forzar cambios estructurales en países sometidos a rígidas e inoperantes instituciones políticas, con constituciones pactadas para salir de dictaduras (como es el caso hondureño).

¿A dónde va toda la crisis en Honduras? Puede que a un congreso constituyente, gracias a la propia estupidez de unas derechas que no soportan que mande uno distinto a ellos (y eso que Zelaya era uno de los suyos).

Fuentes

• «Zelaya cierra la puerta a su restitución en la presidencia», El País (España);
• «Zelayistas quieren una constituyente», Los Tiempos (Bolivia);
• «Crisis en Honduras continúa acumulando tensiones políticas», Prensa Latina (Cuba);
• «Zelaya pretende deslegitimar elecciones hondureñas renunciando a restitución», AFP;
• «Honduras: asesor de Zelaya pide que el pueblo impugne las elecciones» La Voz (Argentina);
• «Honduras busca convencer observadores para cuestionada elección», Reuters Latinoamérica.

*Imagen: This photograph was produced by Agência Brasil, a public Brazilian news agency. Their website states: "O conteúdo deste site é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil".