Una de las ficciones con las que jugamos para que podamos hablar de derechos humanos efectivos es que los mismos sean universales. La existencia de tribunales internacionales de justicia buscan, con todas sus carencias y defectos, que esta universalidad se cumpla: Se dedican a pararle los pies a los estados que se saltan los ya amplios límites de los derechos humanos para vulnerarlos. Este sistema de protección internacional tiene un límite claro: La aceptación por parte de un Estado de la legitimidad del tribunal. Ahora bien, los ciudadanos de cada país deben (debemos) buscar el máximo nivel de garantías en los derechos, por tanto, la aceptación de esos tribunales internacionales, garantes últimos del cumplimiento de dichos derechos. En Perú el gobierno quiere limitar la universalización de los Derechos Humanos en el país, quiere limitarlo mediante una reserva a toda la materia de terrorismo para que no tenga competencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en temas relacionados con Perú.

Esta no es la primera vez que se plantea la posibilidad de estas reservas, importantes fuerzas que han gobernado o gobiernan el país, esto es, los fujimoristas y el Partido Aprista Peruano (PAP o APRA) llevan años buscando desprestigiar la corte de derechos humanos, llevan años queriéndonos sacar de ella, total o parcialmente, llevan años buscando, en realidad, la impunidad para sus propios crímenes como responsables en innumerables matanzas o simplemente dirigiendo un Estado creado para la represión y vulneración de los derechos humanos de presos acusados, en muchos casos sin pruebas, de terrorismo.

Esta vez el tema que se utiliza son las «indemnizaciones en favor de terroristas», es demagogia sobre una verdad a medias. La CIDH no ha condenado repetidas veces a pagar indemnizaciones a Perú «a terroristas», sino a personas que han sido víctimas de un Estado terrorista, un Estado que no respetó los derechos que todo reo tiene, y por ello tuvo que repetir innumerables juicios. Muchos de esos juicios, efectivamente, acabaron con fuertes condenas contra responsables de actos terroristas contra todos los peruanos, como los cometidos por el mismísimo Abimael Guzmán, responsable de Sendero Luminoso, pero eso no quita para que el Estado sea responsable por las torturas, los crímenes, y las violaciones de derechos contra esas mismas personas durante mucho (demasiado) tiempo, con hasta legislación que, a todas luces, eran no solo inconstitucionales (mucha de ella dictada durante el tiempo que pasó entre el golpe de Estado de Fujimori y la promulgación de la Constitución Política del Perú de 1993), sino contrarias a los derechos más básicos.

El Perú está pagando, sí, pero no «a terroristas», sino a víctimas. Sé, entiendo, lo difícil que puede ser ver una víctima en alguien que ha sido condenado por terrorismo, pero justamente todo el sistema de derechos humanos, como vengo recordando, se fundamenta en que toda persona tiene unos derechos que el Estado no puede vulnerar, sea lo que sea por lo que ha sido arrestada o condenada la persona y eso se aplica también a los acusados y condenados por terrorismo, o por cualquier otro crimen, por más atroz que este sea. En otras palabras, tienen esos derechos tanto usted como yo, tanto Abimael Guzmán como Alberto Fujimori (condenado por crímenes contra la humanidad, no lo olvidemos).

Permitir que el Estado «reserve» una «materia» a un tribunal como el CIDH es inhabilitarlo por completo para los peruanos, para todos, sin excepciones. Otros países lo hacen, claro, y tienen sus propios Guantánamo, pero como ciudadanos no debemos permitir que eso también pase en Perú, no podemos permitir que el gobierno pueda tener impunidad para producir a su vez más terrorismo de Estado, como vivimos durante más de veinte años durante el conflicto armado interno (y cuyos rebrotes son mucho más fuertes que los anunciados del narcoterrorismo), no podemos permitir nuevos Fujimori que se burlen de todos y se pasen el Estado de Derecho hasta dando golpes de Estado, no podemos permitir un nuevo destacamento Colina, expresión máxima del terrorismo de Estado, no podemos permitir masacres en cárceles como los crímenes cometidos por el Estado en El Frontón (entre otros)...

No podemos permitir que el gobierno siquiera plantee la posibilidad de una reserva a los derechos humanos.