La crisis provocada por el sistema financiero está siendo transferida a los estados y estos afrontan el déficit y el crecimiento de la deuda recortando recursos públicos en vez de exigir responsabilidades legales y fiscales a los causantes. Aunque a todos nos perjudica el deterioro de los servicios públicos, las mujeres salimos peor paradas de lo que podríamos llamar la doble privatización: al mismo tiempo que se recortan presupuestos y las empresas privadas acceden a la gestión de los servicios públicos, muchas labores de atención y cuidados retornan al ámbito familiar o a las redes sociales más próximas.

Las mujeres, que en términos generales cobramos menos y tenemos mayores índices de precariedad laboral, somos las que mayoritariamente cubrimos los puestos de los servicios sanitarios, educativos y sociales. La socialización de género y los saberes incorporados en nuestra educación hacen que muchas de nosotras elijamos estudios y profesiones ligadas al cuidado de los demás. Por otra parte, el empleo público nos ha permitido conciliar de manera más sencilla, a través de la reducción de jornada y las jornadas parciales, así como acceder a la baja de maternidad y excedencias para el cuidado de los hijos. Un empleo estable permite autonomía económica, lo que resulta fundamental a la hora de atreverse a una separación o un divorcio. La externalización de los servicios y la precarización del empleo consiguiente nos aboca a trabajos mal pagados, sin derechos e inestables. Toda precarización del empleo, como la animada por la reforma laboral, fragiliza nuestra autonomía y hace imposible la conciliación.