La Legislatura tucumana convertida en sede del Parlasur

 

por De Igual a Igual

El Parlamento del Mercosur, durante la X Sesión Plenaria que comienza su trabajo en Tucumán, Argentina, ha aprobado por unanimidad una declaración de rechazo de la directiva de retorno de inmigrantes irregulares de la Unión Europea. Los parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela consideran que la regresiva norma europea es un atentado contra los derechos humanos y, a su vez, recordaron la generosidad de Latinoamérica cuando los europeos emigraron hacia nuestros países.

Desde el Parlasur se asegura que la directiva de retorno significa una fuerte vulneración del derecho a libre circulación internacional. Asimismo, los 18 meses de detención mediante orden administrativa es, realmente, una pena de prisión y como tal la criminalización de una situación humana vinculada a una cuestión puramente administrativa.

Desde el Parlasur se promueve la respuesta en bloque tanto de los países latinoamericanos como las instituciones suprarregionales que conforman contra una medida normativa considerada "grosera" contra los Derechos Humanos y se pide la intervención tanto de la OEA como de la ONU, junto con respuestas más concretas de las propias instituciones del Mercosur, como es Consejo de Mercado Común del Mercosur.

Muchos parlamentarios del Mercosur no dudaron en acusar a la Unión Europea de racista, y de recordarles su pasado migrante para que tengan en cuenta que sus acciones son contrarias a todo sentido común alguno, se comparó a los Centros de Internamiento con los campos de exterminio nazis.

"Antes eran campos de trabajo y después se convirtieron en campos de exterminio. Encerrar las personas roque han decidido vivir en un país diferente es injustificable. No podemos aceptar la legalización de la privación ilegítima de la libertad de las personas", comentó Marcelo Duarte, de Paraguay.

Declaración unánime:

• Rechazar la “Directiva de Retorno”, que constituye una violación a los derechos humanos y a la libre circulación. La detención por 18 meses es una pena de prisión.
• Hacer conocer a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, y al Consejo de la Unión Europea y a las Naciones Unidas este rechazo.
• Solicitar al Consejo de Mercado Común del Mercosur las medidas tendientes a la revisión y derogación inmediata de la “Directiva de Retorno”.
• Manifestar su esperanza en la posibilidad de que el Parlamento Europeo revea lo que calificaron de decisión equivocada y estéril, que mancha la imagen de la UE.

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