Conferencia de Mikel Azurmendi

Una de las conferencias más interesantes durante el I Congreso Internacional sobre Inmigración y Diversidad Cultural de Castilla y León celebrado en Salamanca fue la realizada por Mikel Azurmendi, Catedrático de Antropología de la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea y ex presidente del Foro de la Inmigración. El catedrático no siguió al pie de la letra el guión que llevaba, indicando que cualquiera podía conseguirlo en Internet y realizó una exposición amena, en la que buscó puntos polémicos y críticos que contrastan con la autocomplacencia general del Congreso donde, parece, todo se hace bien en España. Se puede estar de acuerdo o en contra de lo dicho por el doctor Azurmendi, pero ha generado lo que otros no hicieron: Debate. De Igual a Igual reproduce la conferencia del Doctor Mikel Azurmendi según figura en el CD del Congreso.

Cambian los Gobiernos pero siguen en pie las mismas viejas preguntas

 

Mikel Azurmendi

Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, ecuatorianos. Dos inmigrantes más han sido asesinados por el terrorismo. Sin embargo, la sociedad española no ha dicho “eran dos de nosotros”. Los programas televisivos han desplazado su foco al Ecuador ofreciéndonos la miseria material que ya no se percibe en nuestro país, para que la gente piense ¡pobrecitos, de qué lejos vienen y cuán necesitados están de nuestra ayuda! El foco de las informaciones no han sido los tajos donde esos dos muchachos trabajaban, las condiciones de ese trabajo y de salario escaso ni tampoco las relaciones humanas en sus respectivos barrios. Nada, ni tan siquiera fue aceptable para el Gobierno la súplica de los familiares para que se le dijera un responso católico, como es costumbre en el aeropuerto militar de donde salía el cadáver para Ecuador. Tampoco el Gobierno asistió al único acto religioso que ofició la Iglesia católica en Madrid con asistencia de las familias de los asesinados. La señora Rumí acompañó a los féretros y se volvió a España sin asistir a ningún funeral ni acto público de sepelio. Los dos grandes partidos políticos españoles no lloraron juntos a las víctimas del terrorismo. ¿La presión civil no hubiese obligado al Presidente del gobierno a romper su diálogo con ETA en caso de que se hubiese tratado de dos españoles? ¿Hubiesen dialogado con ETA-Batasuna los socialistas vascos a las pocas horas del bombazo en la T4 si los asesinados hubiesen sido socialistas vascos o sindicalistas de la UGT o CCOO?

No eran de los nuestros, es una evidencia. Eran dos pobres inmigrantes, y se trata de dos familias necesitadas que han quedado allí y, en parte aquí, y habrá que ayudarlas, eso se piensa. La respuesta es humanitaria, no es cívica. Se le concederán papeles de nacionalidad española a algún familiar que anda por aquí, de la misma manera que se les dan otros papeles, pero en sus tajos y barrios esos nuevos españoles seguirán siendo inmigrantes. Su piel y su acento exigen que llenen los puestos de trabajo que no queremos los españoles ni para nosotros ni para nuestros hijos. Y ahí quedarán esos nuevos ecuatoriano-españoles junto al resto del once o doce por ciento de los habitantes de nuestro país. Inmigrantes que podrán caer, como cualquier español, ante cualquier otra bomba en cualquier otro aeropuerto, ferrocarril o calle.

La gente se hace preguntas sobre la inmigración y lo que recibe son discursos humanistas, teorías bienintencionadas y condenas del racismo. Y los datos que se le ofrecen a la gente son para reforzar esos discursos, esas teorías o esas condenas. Hasta hace dos años, toda la progresía militante o sindical y los voceros de las ONG presentes en los programas de integración social de los inmigrantes dedicaban su jornada diaria a atacar el supuesto racismo de la ley 8/2000, a exagerar el número de los inmigrantes ilegales, a exigir que todos fueran acogidos y se les concediese de inmediato los papeles a todos ellos. Ha cambiado el Gobierno, ha dado papeles a bastante más de medio millón de inmigrantes pero otros tantos, si no más, pueblan ya nuestras calles y nuestros tajos (1). Y no son tratados ciertamente mejor a como lo eran en tiempos del gobierno anterior. La ley orgánica 8/2000 de tiempos del gobierno anterior sigue hoy vigente pese a que fue recurrida ante el Constitucional por el partido hoy el gobierno, y aquella ley que entonces era supuestamente anticonstitucional (porque negaba los derechos sociales de sindicación, huelga y manifestación a los inmigrantes ilegales) y era racista y reaccionaria, ahora se da por útil y no es arrinconada. Y a diario ocurren las mismas formas de racismo o intolerancia que existieron entonces pero ya no se culpa de ellas al actual partido del gobierno, como era el caso anteriormente. Únicamente ha cambiado la orientación de la propaganda. Y entre los inmigrantes sin papeles existe la misma esperanza de otra nueva regularización que existía en tiempos del gobierno anterior, que también había realizado sendas regularizaciones aunque no tan masivas como esta última. Y el gobierno actual sabe que ya no puede realizar ninguna más, no al menos si quiere seguir beneficiándose de las ayudas europeas y del apoyo de la mayoría ciudadana.

Por consiguiente perviven las viejas preguntas y es preciso volver a ellas. ¿Son justas las legalizaciones masivas, lo fue la última? ¿Qué pasará con esos regularizados cuando se queden sin trabajo ante las primeras señales de recesión económica, qué harán entonces los españoles a quienes esos regularizados ganarán en la competición del trabajo más barato? ¿Vendrían inmigrantes ilegalmente si aquí no existiese un mercado negro e ilegal de trabajo? ¿Pueden tener derechos sociales de huelga, manifestación y asociación política o sindical los inmigrantes ilegales? ¿Qué debemos hacer con los inmigrantes que trabajan y aceptan como nosotros la democracia y sus instituciones? ¿Hay que ser nacional-español para llegar a ser ciudadano?

1. Empecemos hablando de la regularización masiva.
Está claro que visualizar el puesto de trabajo y hacer que todo trabajador tenga un contrato y cotice a la Seguridad Social es hacia lo que se debe orientar cualquier política de Trabajo. También está claro que un país democrático no se puede permitir el desastre político y moral de tener batallones de trabajadores extranjeros ilegales pero con familias e hijos en las escuelas (2). Sin embargo, como algunos ya pedíamos entonces, podía haberse utilizado la regularización como un peldaño para avanzar hacia una racionalización de la política de cupos o del contingente con duración limitada de mano de obra extranjera. ¿Cómo? Abriendo un tiempo de información y educación de cuantos se hallasen empleando ilegalmente mano de obra inmigrante al objeto de que cada uno de esos empleadores decidiese el número de inmigrantes que seguiría necesitando en firme y también la duración del contrato con la que se responsabilizaba él personalmente. Y el Gobierno, sin prisas y contrariamente a lo que hizo, conociendo exactamente cuántos trabajadores ilegales eran entonces mismo necesarios para sus empleadores (3) y qué duración iban a tener los contratos, podía haber puesto en marcha una política de reconocimiento de esos puestos de trabajo por la vía del propio empleador sin ningún requisito más. La legalización de los contratos así aflorados duraría el tiempo que durasen los contratos, pero no más. De manera que se haría recaer sobre el empleador, hasta entonces ilegal, los costos de la vuelta a su país del trabajador legalizado con él una vez expirara su contrato y no encontrase nuevo puesto de trabajo. Y el trabajador ilegal habría de firmar su contrato en esos términos de compromiso a ser devuelto a su país de origen, dado que su entrada había sido ilegal. Pero dado también que en su estancia había rendido un trabajo a nuestro país, volvería al suyo previo cobro de los días de paro a que le diera derecho su cotización. Y ese trabajador entraría entonces en una lista de trabajadores susceptibles de volver a nuestro país en caso de necesidad de mano de obra. El contingente de trabajadores extranjeros se establecería, en consecuencia, desde esa base de datos objetiva, cursándoseles las respectivas invitaciones vía consular. Ello obligaría a generalizar más todavía el control de los trabajadores inmigrantes por sus respectivos Gobiernos, con los que se debería también asumir una política nueva de ayuda e inversiones al desarrollo para que esos trabajadores rindan más beneficio en sus países de origen.

El Gobierno anterior no quiso poner en marcha esta política que algunos apoyábamos desde el Foro, y el actual Gobierno prefirió dejarse llevar por los efectos propagandísticos y la premura de las ONG y los Sindicatos, desentendiéndose del hecho cierto de que su regularización masiva engendrará un escuadrón de trabajadores que engrosará el paro en la primera contingencia económica negativa. Y se ha desentendido además de la necesidad perentoria de vincular legalización a voluntad de integración social. Porque el hecho de dar papeles no integra por sí mismo, como se está viendo en Europa, en amplios sectores de las comunidades musulmanas por ejemplo. Además el Gobierno ha reforzado entre los inmigrantes la idea de que da lo mismo ser legales que ilegales, porque al final siempre te regularizan y puedes beneficiarte de las ayudas sociales y escolares. Esto penaliza al inmigrante que se ajusta a la legalidad y refuerza de manera muy notable el desprestigio de la ley, con el consiguiente efecto-llamada.

Hoy, empezando por los socialistas del Reino Unido, en Europa se están tomando medidas en sentido absolutamente contrario. Primero, los Gobiernos tratan de elegir el tipo de puestos de trabajo que se necesitan. Segundo, relacionan estancia y contrato de trabajo, de modo que acabado éste, el inmigrante deba marcharse a su tierra. Tercero, hacen que el permiso de estancia duradera solamente se logre mediante una voluntad patente de integración a través del conocimiento de la lengua y de las instituciones políticas del país de acogida. Precisamente la gestión de esta política europea es la que ha incrementado la entrada ilegal en España de inmigrantes desde esos países europeos. Muchísimos inmigrantes que no residían aquí disponían no obstante del consabido empadronamiento porque habían enviado sus papeles de identidad a algún familiar, quien se había hecho pasar por ellos. El padrón es un subterfugio que no debiera ser tenido en cuenta para regularizar a alguien porque no identifica al demandante de trabajo sino que simplemente inscribe a una persona en un registro cuyo abultamiento es económicamente deseable por parte del municipio, pues con ello percibe más ingresos de su respectiva Autonomía. Y, al contrario, ha habido durante la regularización multitud de trabajadores ilegales de buena voluntad que trabajaban pero no estaban censados en padrón municipal alguno (4).

2. La cuestión tabú de los límites de la inmigración.
Es preciso responder con claridad y sin tapujos si un país puede tener las puertas permanentemente abiertas a la recepción de inmigrantes. Solamente cabe responder sí o no, y dar las razones. Lo que no es lícito es condenar a quienes no están por la apertura completa pero, de tapadillo, obran como ellos. Vayan varios ejemplos de un oportunismo rastrero. Rosa Montero escribió una vez en su columna que “todos los humanos tienen derecho a vivir donde prefieran” y defendía papeles para todos, claro. A los meses, tras la avalancha de pateras en Canarias, de autobuses en los Pirineos y de aviones en Barajas procedentes de América vía Holanda, escribió en la misma columna que “la vida real, que siempre es más miserable que la vida soñada, nos obliga a limitar la libre circulación, un derecho fundamental de los humanos” y proseguía planteando que si se lograse organizar algún método eficiente de contratación de inmigrantes, los sin papeles no deberían acceder a nuestros derechos políticos por muchos años de permanencia y pruebas de arraigo que muestren (11.6.02). Ante la increíble arribada de pateras en Fuerteventura en octubre de 2001, el líder socialista de la comarca almeriense, Paco Fernández, exigió la expulsión de los inmigrantes no regularizados. Luego apoyó la regularización masiva efectuada por los suyos, claro. A los tres meses exactos (11.01.02), Consuelo Rumí volvió a repetir lo mismo exigiendo además incrementar los medios para controlar las costas canarias y devolver los irregulares a sus respectivos países. Pero han llegado al Gobierno, y aquello que valía entonces contra el Gobierno del PP ya no vale para ellos. El actual traslado clandestino de inmigrantes ilegales desde Canarias a varias Autonomías por parte del Gobierno ha sido efectuado bajo la tapadera de “la solidaridad con el archipiélago” porque “la insularidad de Canarias impone límites objetivos a la presencia de inmigrantes”. Pero ¿no es cada localidad española una isla y sus problemas no son insulares en el sentido de que cada municipio y barrio debe tratar de resolver sus propios problemas sin que nadie le eche una mano? Elche se quedó sola con sus problemas de inmigrantes, como El Ejido en el 2000 con sus ejércitos de inmigrantes magrebíes sin papeles ni trabajo y teniendo que recurrir a la pequeña delincuencia para sobrevivir, y Lavapiés debe resolver los suyos.

Ya es hora de decir de manera clara que no solamente Canarias sino España entera debe “imponer límites objetivos a la presencia irregular de inmigrantes”. La única razón que yo veo contra la liberalización del mercado de trabajo es que los españoles no estamos preparados para abrir las fronteras. De hacerlo así, bajarían de modo espectacular los salarios, disminuirían los servicios y prestaciones sociales y crecerían el conflicto social y nuestra xenofobia. Teóricamente abogo por abrirlas completamente si el gobierno y la oposición pactasen un programa práctico de educación, de apertura liberal del mercado bajo rigurosas medidas de integración ciudadana para salvaguardar nuestro sistema político de derechos y libertades (5). La ética de las buenas intenciones (para camuflar la mala conciencia del oportunismo político) debe ya ceder paso a una ética de la responsabilidad de nuestras acciones.

3. La primera responsabilidad de todas es rechazar la contratación ilegal, que constituye una de las lacras mayores, si no la mayor, del país. El hecho es evidente, aquí vienen inmigrantes extranjeros de manera ilegal porque aquí hay trabajo ilegal. Y es éste lo que deshumaniza la situación social y personal de los inmigrantes y fomenta las mafias de la trata de seres humanos. Sería menester, pues, implantar de manera audaz e imaginativa la contratación legal no sólo castigando a los empleadores ilegales sino educándolos. Por eso se hace perentoria, antes que nada, una campaña televisiva dirigida a los empleadores (de hogar, hostelería, construcción, confección textil, agricultura, etc.) para hacerles recapacitar sobre su insolidaridad con el resto de la ciudadanía que paga impuestos y cumple la ley. Esa masa de empleadores ilegales es, de hecho, una especie parasitaria que, a cambio de desequilibrar la economía nacional haciéndola funcionar a precios de dumping, recibe del Estado bienes sociales tales como protección y prestaciones de bienestar (carreteras, comunicaciones, escuelas, sanidad, etc.). Y tras la campaña de educación del empleador ilegal, el Estado debería endurecer -incluso penalmente- las sanciones contra él, pues el empleador subversivo de inmigrantes no sólo los vuelve invisibles ante el mercado laboral sino que los maleduca peligrosamente ante la ley y el derecho.

Por consiguiente, mantengo que tras esa doble tarea del Estado (educadora y sancionadora) sería importante legalizar con papeles el puesto de trabajo fijo que ocupen los inmigrantes ilegales y prolongarlo únicamente durante el período de duración del contrato que su empleador quiera fijar. Y, en consecuencia, esos trabajadores ilegales accederían al conjunto de bienes y derechos sociales con la condición de firmar su disposición a regresar al país de origen al término del contrato. En el caso de los ilegales así regularizados el regreso debería financiarlo el empleador, evidentemente. Y se podría pensar que, si cualquier inmigrante contribuye durante dos o tres años con un trabajo permanente a la economía del país, éste les podría dar a los así legalizados derecho a un permiso de residencia ordinario.

4. Hablemos de ese ámbito concerniente a los derechos y la inclusión en la ciudadanía de los inmigrantes. Indicaré primero que el anclaje humanitarista de la cuestión es políticamente nefasto. Tan poco serio es vocear que se den papeles a todos los inmigrantes susceptibles de venirse a nosotros como exigir que voten ya todos ellos en los comicios electorales del municipio o que los sin-papeles obtengan los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga. Recuerdo que los socialistas defendían en la oposición dos de estas tres reclamaciones pero, una vez en el Gobierno, parecen haberse olvidado de ellos.

Si se acepta que los empleadores que contratan ilegalmente deben ser hasta penalmente sancionados porque incumplen la ley y generan condiciones de indignidad humana, es igualmente aceptable defender que cuantos vienen a nuestro país saltándose la legalidad, también fomentan de algún modo su propia indignidad humana. Todos merecen siempre ser tratados por nosotros como personas, acogidas de la manera más hospitalaria y acorde con nuestras leyes y, en su caso, devueltas al país de origen. Sin embargo, ningún Estado de derecho puede integrar socialmente a los inmigrantes si actúa sin discriminar aquellos que cumplen con la ley y aceptan nuestros valores de autonomía y dignidad personal de aquellos otros inmigrantes que la incumplen y se rebajan a la condición más degradante de sometimiento (la mujer al hombre; a mafias de trata de personas, a aprovechados empresarios o a militantes antisistema que los utilizan para ocupar iglesias o universidades). ¿Cómo reivindicar derechos si se utiliza la fuerza, constriñendo a la ciudadanía y saltándose la ley? Seamos serios: los derechos no los otorga la naturaleza ni residen en ninguna parte etérea del mundo, humano o divino, sino que únicamente tienen vigencia en la comunidad política y penden de ella. De hecho, a la mayor parte de los inmigrantes nadie les ha tratado en sus respectivos países según el derecho: son seres más bien en busca del derecho y ansiosos de gozar de los derechos humanos, sociales y políticos. Pero los derechos brotan únicamente en la Comunidad de Derecho pues solamente ella puede garantizar que se respeten. Exigir determinados derechos sociales para los inmigrantes que, con su entrada misma, saltan la ley implica incurrir en la inconsistencia de garantizarle a ese inmigrante que él pueda elegir con seguridad su estilo de vida a la vez que él mismo no garantiza la legitimidad de la ley que vela por la seguridad de todos. Si el inmigrante no reconoce como justa la ley española de entrada de forasteros ¿qué ley le garantizará sus supuestos derechos?

Se da, además, otra gran inconsistencia derivada de pedir derechos de reunión, asociación, manifestación y sindicación para los inmigrantes en situación no legal, pues se postula que desde una situación de no aceptación de la legalidad, se puedan usar derechos para así poder llegar a una situación de legalidad. Si mediante reuniones, manifestaciones de calle, huelgas y apoyo sindical los inmigrantes sin papeles pudiesen obtener sus papeles ¿qué vigencia tendría el derecho? Y, por descontado, existe la sospecha bien fundada de que en esa circunstancia se incrementaría la xenofobia y el conflicto social por cuanto la ciudadanía no soportaría la discriminación de tener que someterse ella a la ley para garantizar el uso de sus derechos mientras los forasteros tuviesen el privilegio de lo contrario.

¿Dónde se sitúa, pues, la relación entre inmigrantes y derechos? Exactamente en el punto álgido en el que se halle cada proceso de integración personal en la comunidad política. En nuestro ordenamiento jurídico, un inmigrante en condiciones de legalidad detenta por ley el uso de todos los derechos sociales, no así de los políticos tales como el de votar, formar parte de candidaturas y ser elegido. Esta restricción sería aceptable siempre que el ordenamiento marcase con claridad el proceso por el que cada inmigrante puede formar parte de la ciudadanía y siempre que el Estado le facilitase los medios adecuados. Buena parte de los inmigrantes son ciudadanos in fieri, puesto que deben deshacerse de hábitos, valores y tradiciones que son contrarias a los valores y virtudes de la ciudadanía, es decir, deben asimilar los valores democráticos y constitucionales. Sin embargo muchísimos otros inmigrantes podrían ser ahora mismo tan ciudadanos como cualquiera de nosotros. Hacerse ciudadano integrado es una cuestión personal e individual, jamás colectiva. De ahí que el Estado de derecho deba arbitrar unas condiciones claras y distintas de acceso: tales como saber nuestra lengua (para poder distinguir unos programas políticos y sociales de otros y, en consecuencia, poder votar con libertad), desechar la desigualdad entre personas (hombre/mujer, mayor/niño), defender el pluralismo y la tolerancia, desechar la ingerencia de la religión en los asuntos públicos. Para ello el Estado democrático debería activar recursos materiales y humanos para que los inmigrantes aprendan nuestra lengua y se inicien en el conocimiento de nuestros valores.

Sostengo que la escuela vespertina en cada barrio de ciudad o en cada pueblo aparece únicamente como el único espacio donde se puedan volver ciudadanos los inmigrantes. Por eso, el padrón municipal no puede ser jamás el dispositivo de pertenencia a la ciudadanía. Este dispositivo se halla más bien en las aulas de educación cívica y de adquisición de nuestra lengua. Ahí debería confluir el trabajo de las ONG, abandonando ya su práctica humanitarista de la acogida, del juridicismo miserabilista y del discurso anti-racista; su papel solamente está justificado en la medida en que coadyuven con las instituciones municipales a capacitar cívica y profesionalmente a los inmigrantes. Enseñarles nuestra lengua, informarles de qué es llegar a formar parte de la comunidad política, mostrarles de manera práctica nuestros valores y capacitarles para mejorar constantemente su condición profesional: he ahí el condensado de cualquier acción no-gubernamental que se precie de que contribuye a la solución de los problemas de los inmigrantes.

Propongo, por tanto, que el foco de la integración social de los inmigrantes se desplace al municipio desde las Autonomías. La acción gubernamental debería arbitrar con urgencia para los inmigrantes una vía práctica para ir abandonando el in fieri y poner en acto la condición de ciudadanía plena. Es decir, debería potenciar la vertiente municipal de la integración social. La identidad local puede constituir para los inmigrantes el primer sentido de pertenencia a un entramado de relaciones sociales donde cada inmigrante construya su propia autonomía personal y sus adscripciones religiosas, folclóricas, artísticas, deportivas, etc. Es propio del humano sentirse de su ciudad tanto o antes que de un nuevo país. La integración en la democracia no es más que una praxis personal de ruptura con formas de vida tradicionales, sustancialmente obligatorias y fijadas, asimilando adscripciones voluntarias y comunicativas con nuevos vecinos y nuevas instituciones. Sólo una política municipal consecuente podrá incentivar la vigilancia de los derechos y la igualdad de oportunidad de todos los vecinos. Esta propuesta municipalista posibilitaría que un inmigrante es apto a ser un vecino más, es decir, otro español más. Serían suficientes requisitos tales como: 1) que lo apoye una mayoría absoluta del consistorio municipal (un 75% o algo así) por su conocimiento de nuestra lengua y su inserción cívica; 2) que posea el aval de dos vecinos no compatriotas de origen o de la Asociación de padres de alumnos y profesores del colegio de sus hijos; 3) que tenga contrato de trabajo en vigor y haya cotizado al menos durante varios años.

¿“Volver español” al inmigrante no implica superar ya la actual exigencia de reciprocidad con el Estado de donde procede el inmigrante? En la euro-comunidad trans-nacional en la que ya nos situamos, darle o no la nacionalidad española a un inmigrante exige, a mi modo de ver las cosas nacionales, la prueba de su capacidad de ser ciudadano, un ciudadano apto para cualquier país europeo, para el nuestro por ejemplo hablando nuestra lengua y discerniendo nuestra específica actividad jurídico-política. Es evidente que mientras una Ley de Extranjería no formule esta vía ciudadana activando recursos para su puesta en práctica, no estará abordando con tino democrático uno de los urgentes problemas que nos plantea la inmigración, el de la inclusión política.

La democracia, en cuanto espacio jurídico-político que genera los derechos ciudadanos y los garantiza, no será capaz de resistir la fragmentación multicultural en grupos aparte que busquen para sí prebendas y privilegios. Cada democracia es el único territorio del pluralismo cultural y para el pluralismo cultural. La democracia es la única cultura en donde cada ciudadano es un igual a cualquier otro y decide sobre su propio estilo de vida, costumbres, religión, ética, estética, sexo o gastronomía. Y la única que le garantiza estilos de vida diversos es la democracia. Las comunidades cerradas y segmentadas para un estilo de vida uniforme no pueden convivir con otras y no practican, por tanto, el pluralismo cultural ni la tolerancia. Es ya hora de elegir por qué espacio cultural queremos que transiten y afinquen los inmigrantes. ¿Asimilarán el núcleo duro de nuestros valores? Esta es la cuestión y todavía estamos a tiempo de subsanar errores.

Notas al pie de página:
(1) Escritos ya estos papeles, el señor ministro Caldera acaba de afirmar que no existen ya inmigrantes ilegales (18 de enero).
(2) Nada más que en la Comunidad de Madrid existían antes de la última Regularización masiva 20.000 niños escolarizándose cuyos padres no tenían papeles.
(3) Los prolegómenos a la gestión de la regularización consistieron en avisar a la prensa de que ene. plameter miedo en los empleadores (varias bravatas del ministro Caldera y la delegada Rumí fueron fatales) y esto es nocivo para llevar adelante una política de regularización del puesto de trabajo, porque muchos inmigrantes fueron despedidos.
(4) En la zona de El Ejido, por ejemplo, se detectaron magrebíes que habían venido a regularizarse desde Italia hablando en italiano, también chapurreando en alemán desde Alemania. Conozco a tres albañiles búlgaros, por ejemplo, que han quedado sin regularizar.
(5) Más bien debería ser el conjunto europeo quien se lo propusiera porque, en lo que a nosotros concierne, ya se ha visto desgraciadamente que los socialistas no cumplen los pactos, ni el de las Libertades y contra el Terrorismo ni el del Código Penal. Y lo digo con enorme pesar pues soy de los que prosigo en exigir la vuelta al pacto y la palabra dada.

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