Bandera de Chubut con un puño de lucha sobre la misma, con colores rojos y amarillos.

¿Qué es, por ahora, el «Chubutazo»?

¿El proceso se reduce a la enorme lucha docente o es algo mucho más profundo? Cualquier propuesta de orientación para la consolidación y triunfo de la lucha debe partir de una caracterización seria.

por Iván Marín

El «Paso, paso, paso, se viene el Chubutazo», se escuchó después de mucho tiempo en la provincia en las multitudinarias movilizaciones del año pasado protagonizadas por los trabajadores estatales en respuesta a la profundización de las medidas de ajuste del recientemente asumido al frente del Ejecutivo provincial, Mariano Arcioni. Desde entonces, el fantasma de un «Chubutazo» ha recorrido cada una de las manifestaciones en Chubut. La inspiración, claro está, viene del proceso que terminó con la gobernación de Néstor Perl en octubre de 1990.

Tras la muerte del exgobernador Mario das Neves (31/10/17), Arcioni inmediatamente pretendió profundizar las políticas económicas que ordenaba para todo el país Mauricio Macri. Se intentó descargar un ajuste brutal en primer lugar contra los trabajadores estatales. De alguna forma, como respuesta a ello, nació la Mesa de Unidad Sindical (MUS), un acuerdo de las cúpulas sindicales para tratar de conducir y contener las movilizaciones y el descontento que necesariamente se iba a expresar en lo inmediato en las calles. El 9 de enero de 2018 movilizaron a Legislatura desde toda la provincia contra la sesión extraordinaria para aprobar el Pacto Fiscal y la Ley de Emergencia.

Las consecuencias del criminal endeudamiento de la provincia de las últimas gestiones, pero sobre el efectuado en 2016, tuvo como consecuencia un ajuste brutal sobre los bolsillos de los trabajadores y las dependencias estatales.

Durante los meses de enero y febrero el gobierno provincial adelantaba que no habría recomposiciones salariales, que en algunos casos debía del año anterior. A comienzo de marzo comenzaron las grandes movilizaciones tras conocerse que los estatales cobrarían en forma escalonada. Para entonces los hospitales públicos ya sufrían profundas crisis por desabastecimientos de insumos, falta de personal e incluso problemas edilicios. Esta situación se extendía a educación y al Poder Judicial, como así también a otras dependencias del Estado. Lo que llevó a que trabajadores en distintos puntos de la provincia acompañaran las movilizaciones y cortes de rutas con ocupaciones de secretarías, llegando a su punto más álgido con la ocupación y acampe en el ministerio de Educación en Rawson por parte de cientos de docentes.

Los resultados de esas acciones fueron dispares. Aún falta un balance crítico y minucioso del asunto. Pero si bien no se lograron obtener todos los reclamos, se alcanzaron recomposiciones salariales que más o menos estaban a tono con la inflación, es decir superiores a las del ámbito privado. El gobierno, por su parte, también suscribió una serie de compromisos para revertir el vaciamiento en servicios que presta el Estado que nunca cumplió. El mayor saldo de ese proceso fue la incorporación de nuevos contingentes de luchadores/as en toda la provincia, el surgimiento de amplios sectores autoconvocados (no antisindicales sino cuestionadores de las conducciones), e incluso de manifestaciones embrionarias de coordinadoras como la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste del Chubut.

Todo ese proceso vivido en 2018 fue el caldo de cultivo para el que vive en la actualidad Chubut. A diferencia del año pasado, esta vez las bases confían mucho menos en la MUS, que se encuentra más debilitada por el alejamiento de ATE y otros sindicatos. En los ya casi tres meses de lucha se produjeron puebladas para evitar represiones a piquetes (Sarmiento); movilizaciones masivas en toda la provincia tras el ataque de una patota de Jorge «Loma» Ávila, secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, a estatales que se encontraban cortando rutas petroleras; lo mismo ocurrió tras las muertes en un accidente automovilístico, luego de participar de un Plenario Provincial de Delegados/as, de las docentes Jorgelina y Cristina, que incluyó el incendio de Legislatura y puerta 2 de Casa de Gobierno; bloqueos a la poderosa Aluar y playa de Tanques de YPF en Comodoro Rivadavia, dejando sin distribución de combustible a todo el sur chubutense, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provocando el corte de energía eléctrica en algunos poblados; piquetes numerosos en rutas nacionales y provinciales y, al igual que el año pasado, ocupaciones y acampes en dependencias estatales. Este año, además, cuenta con amplio protagonismo de trabajadores viales, auxiliares de la educación, estudiantes secundarios y jubilados.

Lo más cualitativo del proceso en curso, además de las medidas de acción directa y los paros y retenciones de servicios, que en algunos casos, como el docente, llevan 12 semanas, sin dudas son los embrionarios desarrollos de coordinación desde las bases que se están llevando adelante: las asambleas interhospitalarias se extendieron hacia toda la provincia; la docencia ya lleva dos plenarios provinciales de delegados/as y en pocos días volverá a realizar otro; ayer trabajadores del hospital regional de Comodoro Rivadavia votaron exigir a la conducción provincial de ATE un plenario de todos los delegados de hospitales de la provincia; en Esquel, Comodoro Rivadavia, la Comarca Andina y en lo que fue el acampe en Legislatura se realizaron asambleas intersectoriales. Todas estas formas de coordinación se hacen a pesar de las conducciones sindicales y han puesto en alerta no solo al gobierno de Mariano Arcioni, sino al resto de los partidos patronales.

Salvo algunos episodios puntuales, el proceso aun no ha desbordado los márgenes de la institucionalidad burguesa, ni se han producido grandes enfrentamientos con sus fuerzas represivas, por lo que el Estado aun no ha perdido del control de la situación. Lo que no implica que la «gobernabilidad» no se haya puesto en cuestión. El «Fuera Arcioni» es una consigna generalizada, aunque por el momento prima como salida institucional mediante la figura del «juicio político», que ningún diputado parece seriamente dispuesto a llevar adelante, al menos por ahora. Otro límite es que aun ni el sector privado ni los trabajadores desocupados se han sumado en masa al proceso, aunque no han dejado de mostrar simpatías y solidaridad con el mismo, en particular los petroleros de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, con sus muestras de apoyo a los piquetes en esas zonas.

Otra característica insoslayable que recorre todo el proceso es el contundente rechazo popular a los intentos de instalar la megaminería en la provincia. Cualquier tentativa de avanzar con estas intenciones serán replicadas con levantamientos populares generalizados y sin dudas serán acompañados de enfrentamientos directos contra el Estado y sus fuerzas represivas.

De todo lo anterior se desprende que lo que se conoce como «Chubutazo» es un proceso abierto. Bautizado así por las propias masas que lo protagonizan, es evidente que aun no cobró la radicalidad de otros «azos» conocidos por la rica historia de luchas de las masas de nuestro país. Por lo pronto, podemos señalar que, al menos hasta ahora, el «Chubutazo» es la respuesta en las calles de los trabajadores estatales (pasivos y activos) y los estudiantes a los intentos de los gobiernos de Arcioni y Macri en descargar la crisis sobre sus espaldas.

En las últimas semanas el rol del Frente de Todos y de las burocracias sindicales ha quedado más claro para las bases, principales sujetos del «Chubutazo». Por ello los intentos de coordinación se ven como una respuesta a las maniobras para desmovilizar y sacar a los trabajadores de las calles, como ordenó Alberto Fernández.

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