El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, se enfrenta a un nuevo juicio, esta vez acusado de sobornar a congresistas "opositores" durante los años de su gobierno, de interceptar las conversaciones telefónicas de muchos políticos y funcionarios y por haber utilizado el poder público para manipular los medios de comunicación con el propósito de lograr la reelección. César San Martín presidirá la sala de la Corte Suprema que juzgará nuevamente al ex presidente.

El lunes 28 de septiembre comienzan las sesiones si es que Nakazaki, abogado defensor del ex mandatario, no presente un recurso para impedir la apertura del proceso. La fiscalía pide ocho años de cárcel y el pago de una reparación civil de cinco millones de soles a favor del Estado y tres millones de soles para los agraviados de interceptación telefónica.

«Fujimori ha sido acusado por la Corte Suprema de Justicia de por los presuntos delitos de peculado, cohecho activo en agravio del Estado y violación del secreto de las comunicaciones, en el caso de la "interceptación telefónica" a varios políticos y funcionarios. (...) En el caso "medios de comunicación", la denuncia de la Fiscalía destaca que Fujimori presuntamente se aprovechó de su posición como presidente y emprendió algunas acciones con el fin de controlar los medios locales y poder conseguir así su reelección. (...) La acusación asegura que Fujimori ordenó el reclutamiento de legisladores dentro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) --servicios secretos-- a quienes pagó altas sumas de dinero», informa EuropaPress. «El ex presidente es acusado por la presunta comisión de los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos), contra la administración pública (corrupción de funcionarios-cohecho activo) y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica», aclara EFE, y señala que dos de las personalidades políticas afectadas por las escuchas telefónicas fueron Javier Diez Canseco (líder de la izquierda peruana en ese entonces) y Lourdes Flores Nano, del conservador PPC.

No hay que olvidar que justamente fueron los conocidos como «vladivideos» los que hicieron caer al gobierno al poco de empezar su tercer e inconstitucional mandato, en muchos de estos videos se ve como el ex asesor del Servicio de Inteligencia pagaba a "opositores" (congresistas electos por partidos distintos al fujimorista) para que votaran a favor de distintas medidas propuestas por el gobierno, en unos claros casos de cohecho en el más alto nivel, que no es otro que el Congreso de la República. Algunos implicados en dichos videos, como Alberto Kouri, siguen en política activa, incluso desempeñando cargos de suma importancia.

Condenas previas
En los tres anteriores procesos seguidos contra el ex mandatario se le ha declarado culpable por: Allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, entonces esposa de Vladimiro Montesinos, por crímenes de lesa humanidad mediante las masacres de La Cantuta y Barrios Altos y por el secuestro de un periodista y un empresario (sentencia), y por peculado doloso por el pago de 15 millones de dólares al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos (sentencia). En el primero de los casos la condena fue de seis años entre rejas, en el segundo de los juicios se le condenó a 25 años de cárcel y el tercero de los juicios acabó con una condena de siete años y seis meses de prisión. Las condenas no son acumulables, solo cumplirá la mayor de ellas.