Todd Robinson en Venezuela: malos augurios

El hasta ahora embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, ha sido nombrado Encargado de Negocios en Venezuela. Mal augurio para el país caribeño.

por Marcelo Colussi*

¿Quién es Todd Robinson? Diplomático de carrera, egresado de la Universidad de Georgetown, 55 años de edad, se ha especializado fundamentalmente en países latinoamericanos. Guatemala fue el primer destino donde se desempeñó como Embajador, cumpliendo a cabalidad con el plan fijado por Washington, lo que le valió un amplio reconocimiento en su ámbito laboral. Está vinculado a la ex Secretaria de Estado Madeleine Albright, presidenta del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, una institución de fachada de la CIA especializada en impulsar cambios de gobierno a la medida de Washington utilizando para ello distintas ONG, y directiva igualmente del tanque de pensamiento Consejo del Atlántico, organismo que trabaja estrechamente con la Casa Blanca en las campañas injerencistas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Por otro lado, es apadrinado políticamente por la congresista cubanoamericana Ileana Ros, de quien es públicamente conocida su posición ultra derechista y reaccionaria ante todo proyecto emancipador, quien promovió y apoya de manera abierta las medidas económicas de asfixia contra Venezuela, habiendo declarado sin tapujos que se deben «buscar más sanciones» contra el país de Bolívar.

Todd Robinson jugó un papel clave en la declarada «lucha contra la corrupción» en Guatemala. Esa jugada política fue una iniciativa de Washington como plan piloto para la región, que dio los resultados esperados en el país centroamericano, lo cual le permitió posteriormente desplegar dicha estrategia en otras zonas de Latinoamérica. De hecho, el Instituto Brookings, tanque de pensamiento ligado al Partido Demócrata y responsable de ciertos aspectos de la política exterior imperial, felicitó el trabajo de Robinson como un «paladín en la lucha contra la corrupción, ejemplo a seguir para toda la región».

Esta nueva «cruzada» del gobierno estadounidense: la lucha contra la corrupción, se ha demostrado muy efectiva como estrategia de «golpes de Estado blandos». Atacar hechos gubernamentales de corrupción realmente existentes –y en Latinoamérica eso es habitual, también en Venezuela– tiene un alto impacto en la conciencia ciudadana media. Con el bombardeo mediático continuado y una ideología conservadora nada crítica, la población de a pie –siempre manipulada, siempre engañada– ve en los gobiernos de turno la causa última de sus penurias. Atacar a la casta política como la responsable de los males que se padece a diario –la pobreza, la carencia de servicios básicos, la violencia, la precarización del trabajo– es un buen expediente para no tocar los resortes últimos del sistema.

«Porque los políticos se roban todo es que estamos como estamos», pareciera la consigna. Con eso se invisibiliza la explotación de fondo, la lucha de clases, la extracción de plusvalía de la clase trabajadora por parte de los dueños de los medios de producción, verdadera y única razón de la pobreza y exclusión de las grandes mayorías populares. De ese modo el enfrentamiento irreconciliable de clases no entra en escena, dejándose en la «mala conducta» de los funcionarios de gobierno la causa de las miserias vividas.

De ese modo, luchar contra la corrupción gubernamental se presenta como un camino expedito a la mejora de las condiciones de vida. Una vez más: la manipulación manda. Se hace creer a las grandes masas que ahí está la solución. Todo indicaría, a partir de lo que se ha visto en el 2015 en Guatemala y a lo que luego se implementó en otros países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia) que entre las nuevas armas del imperio, junto a las bombas inteligentes y los misiles nucleares que, por supuesto, no ha abandonado, se encuentran estas novedosas estrategias soft: la lucha contra la corrupción como una herramienta para lograr la reversión (roll back) de gobiernos díscolos.

Las desarrolla porque les son muy útiles, y les resultan baratas. Las dictaduras sangrientas –de las que apoyó por docenas a lo largo del siglo XX– son hoy día impresentables, traen aparejados demasiados problemas (la población puede reaccionar y se forman movimientos guerrilleros) y tienen costos políticos y financieros que Washington ya no quiere (o no puede) asumir. Las «revoluciones democráticas», «ciudadanas y no violentas», son mucho más «civilizadas» y presentables, y por tanto se recomiendan para seguir manteniendo la hegemonía. La lucha contra la corrupción, con toda la carga de moralismo que conlleva –del que la población parece tan afecto–, se ajusta perfectamente a esta nueva estrategia de dominación.

En el año 2015 Guatemala fue el laboratorio para ensayar estos nuevos y sofisticados instrumentos de control social. Con esas bien armadas estrategias de «movilización ciudadana» (numerosos perfiles falsos en las redes sociales desde donde se llamaba a protestas «civilizadas», entonando el himno nacional y pidiendo la renuncia de los funcionarios corruptos, pero no más) Washington se enfrentó al entonces gobierno de turno –el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti–, sacando a luz hechos de corrupción que ayudaron a que esa supuesta «marea humana» terminara exigiendo la renuncia del binomio mandatario. El organismo encargado de desarrollar las investigaciones del caso fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, instancia de la ONU apoyada y financiada por la comunidad internacional, Estados Unidos fundamentalmente.

La jugada político-social-mediática funcionó. Tanto la embajada de Estados Unidos –principal actor político del país, más que el Poder Ejecutivo nacional– como el empresariado local dispararon a matar contra la administración gubernamental de turno, dado que la misma estaba ocupada por sectores mafiosos que llegaban a quitarle negocios a la tradicional oligarquía vernácula. El entonces embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, jugó un papel fundamental en esa declarada cruzada anticorrupción. Como ejemplo simbólico, en un momento en que arreciaban las protestas callejeras viajó a una retirada comunidad del departamento de Izabal, y en una precaria y deteriorada escuela primaria –montaje muy efectista, muy sentimental– declaró que el estado calamitoso de ese centro educativo se debía a la corrupción existente. El mensaje del embajador en la escuela Salvador Efraín Vides Lemus, ubicada en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, cercana al Mar Caribe, fue más que elocuente: «Podemos ver los resultados de la corrupción aquí en esta escuela: no tienen suficientes aulas para la gente, para los estudiantes (…) Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción».

El montaje fue efectivo, pues se consiguió terminar llevando a la cárcel al presidente y la vicepresidenta. Puede decirse, entonces, que la estrategia política funcionó, pero para el plan estadounidense. Para la población guatemalteca no fue más que una cacareada primavera sin ningún efecto posterior. Ello demuestra que el campo popular sigue aún muy fragmentado, muy golpeado luego de las décadas de represión de los 80 y 90 del pasado siglo y de los planes de capitalismo salvaje (neoliberalismo), que hicieron retroceder conquistas históricas. Y que, igualmente, no hay aún grupos de izquierda con propuestas sólidas que puedan conducir las luchas populares. Funcionó, básicamente, como banco de prueba para la geoestrategia de Washington.

Dos años después de las «movilizaciones ciudadanas» guatemaltecas, el país sigue con los mismos índices de pobreza y exclusión (60% de la población bajo el límite de pobreza), la izquierda no termina de tener una propuesta contundente, el movimiento campesino sigue siendo criminalizado cuando alza la voz, y la corrupción real de la clase política sigue muy campante. Quien sí se favoreció de esta «revolución ciudadana», de este «golpe suave», fue la política exterior estadounidense y sus estrategias de control social. Atacando fuertemente la corrupción, ayudada generosamente por los medios de comunicación del sistema, logró instalar en el imaginario colectivo de las poblaciones argentina, brasileña y boliviana la idea que la misma es la nueva plaga bíblica a combatir. De ahí que eso sirviera para frenar el paso a las propuestas populares de Cristina Fernández, Dilma Roussef y Evo Morales, respectivamente, logrando la elección de Mauricio Macri en Argentina, la expulsión de la presidenta en Brasil con un proceso judicial y su reemplazo por el neoliberal Michel Temer y la imposibilidad de reelección del líder indígena en Bolivia.

La lucha contra la corrupción es efectiva… para controlar a la población, haciéndola sentir actora de un cambio. Sacar presidentes por corruptos perfectamente se puede presentar («vender») como «participación democrática». Pero ahí anida el engaño: se hace sentir a la gente que participa, creándose condiciones para llevar a cabo procesos de movilización cívica absolutamente controlados, y que efectivamente pueden tener efecto. En Guatemala se consiguió mandar a la cárcel a presidente y vice, desarmando la mafia llamada Línea 1 (que se beneficiaba, entre otras cosas, con el contrabando), sin tocar en lo más mínimo estructuras socioeconómicas reales, dejando totalmente inalterado a los verdaderos beneficiarios de esa red de corrupción (empresarios de alto vuelo que no pagan impuestos y siguen tan impunes como siempre, lo que algunos dieron en llamar la Línea 2); en Brasil sirvió como perfecta excusa para mandar a la cárcel a integrantes de ese fermento de renovación que es el Partido de los Trabajadores; en Bolivia sirvió para cerrarle el camino a Evo Morales y sus planteos socialistas hacia una nueva reelección.

No quedan dudas que Todd Robinson es un «experto» en estas lides. Su llegada a Venezuela es parte de una estrategia que ayude a desacreditar al máximo a la administración de Nicolás Maduro, aprovechando los hechos de corrupción realmente existentes en el país, y que sirva, en definitiva, para seguir conspirando contra la Revolución Bolivariana. Con la corrupción habida, está servida en bandeja la denuncia que podrá hacer la embajada estadounidense, Todd Robinson mediante, seguramente llamando a una «movilización ciudadana anticorrupción». No hay dudas que todo esto no es una buena noticia para la Revolución Bolivariana.

LA CORRUPCIÓN REALMENTE EXISTE, Y PUEDE SER UNA BOMBA DE TIEMPO DE GRAN PODER. ES TAREA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA COMBATIRLA.

CARTA DEL MINISTRO VENEZOLANO RAFAEL RAMÍREZ en Aporrea.

 

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*Material aparecido originalmente en Prensa Latina y Aporrea el 19 de enero (versiones ligeramente diferentes, hemos publicado la enviada por el autor).

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