Argentina con peces dentro

A río revuelto…

Ganancia de pescadores o Argentina y el coronavirus

por Pablo Pozzi

A fines de mayo de 2020, y refiriéndose a la pandemia, el colega Miguel Loff citaba al antiguo jefe de gabinete del presidente Barack Obama que, ante el desastre que fue la crisis de 2008, declaró: «Una seria crisis no debe ser desperdiciada» (Jack Rosenthal, «A Terrible Thing to Waste», New York Times Magazine). Esta frase podría ser la síntesis del pensamiento de políticos, funcionarios y empresarios argentinos frente a la pandemia del COVID 19.

La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por pandemia mundial del COVID 19 el 12 de marzo de 2020. Al día siguiente el gobierno argentino de Alberto Fernández estableció la cuarentena por 15 días de todas aquellas personas que arribaran a la Argentina procedentes de países con contagios. Una semana más tarde estableció una cuarentena estricta a nivel nacional, prorrogada cada 15 días durante los últimos dos meses y medio. La cuarentena ha sido exitosa en términos de proteger la salud de la población: el 2 de junio se contabilizaban 17,415 casos de contagio y 560 muertes por coronavirus. Otro resultado fue que Fernández era el tercero en opinión positiva de sus ciudadanos detrás de Nayib Bukele de El Salvador y Alejandro Giammattei de Guatemala. Indudablemente, un éxito.

Más allá del discurso triunfalista hay que profundizar tanto los resultados como su ponderación. Por ejemplo, la opinión positiva del presidente Fernández es notable hasta que tomamos en cuenta que los otros candidatos con los que se lo comparó son Bolsonaro, Piñera, López Obrador, Maduro, Lenin Moreno, Iván Duque, Jeanine Añez; todos ellos con serios problemas para frenar la pandemia. Asimismo, la cantidad de contagios y muertes necesita un análisis más fino. Por ejemplo, aparentemente la temprana (y estricta) cuarentena tuvo éxito en «aplanar» la curva de contagios durante el primer mes. En esto fue notable la disciplina con la que la vasta mayoría de la población acató (e hizo acatar) la cuarentena; fueron relativamente pocos los casos de violaciones, y la mayoría de éstos entre los sectores económicos más altos. Pero, luego de ese primer mes, la tasa de contagios ha estado ascendiendo a diario, pasando de 100 contagios diarios el 4 de mayo a 904 el 2 de junio. En realidad, no se sabe cuántos contagios hay porque la Argentina está entre los países que menos tests realiza, es más se encuentra por debajo de Paraguay y es 50% menor que Brasil. Al mismo tiempo, un dato que da pauta de que el problema puede ser mucho mayor que lo indicado por las cifras oficiales, es que el contagio entre el personal médico esta entre los más altos del mundo. Por otro lado, la Argentina no brinda cifras de muertes causadas por la pandemia, pero no debido al contagio. Por ejemplo, la prensa ha registrado miles de enfermos con Dengue y decenas de muertos por desnutrición, enfermedades cardiovasculares, y virósicas de diversos tipos. El problema es que, en un contexto donde los recursos médicos se han volcado a combatir la pandemia, otras enfermedades y necesidades médicas han sido desatendidas.

Quizás uno de los problemas más serios es que el gobierno argentino y su equipo de asesores epidemiólogos no parecen haber arribado a un consenso en términos de los objetivos de la cuarentena, más allá del consabido «aplanar la curva». Esto es un problema serio. Una cuarentena no es una solución. En realidad, durante la Edad Media los enfermos de peste eran aislados durante 40 días, o sea hasta que murieran o fueran inmunizados. Siglos más tarde, las cuarentenas se imponen para evitar el contagio masivo mientras se prepara el sistema de salud para curar la enfermedad. En este caso, y ante la insistencia en no modificar un sistema de salud privado y motivado por la ganancia, los gobiernos se ven obligados a esperar que surja una cura milagrosa o a que la epidemia desaparezca. Por supuesto, siempre estan los líderes como Trump o Boris Johnson que esperan que el contagio masivo genere anticuerpos.

En el caso argentino, el gobierno ha rehuido la posibilidad de establecer una coordinación obligatoria entre medicina privada y pública, como tampoco ha volcado recursos hacia el sistema de salud. Un ejemplo puntual de esto fue a principios de la pandemia cuando el Ministerio de Salud anunció que estaba en tratativas para adquirir medio millón de tests; dos meses y medio más tarde aún siguen en tratativas. Algo similar ha ocurrido con la necesidad de adquirir respiradores artificiales. Según el principal epidemiólogo argentino, Pedro Cahn, se utilizó el tiempo ganado por la cuarentena para obtener respiradores. Sin embargo, no hizo referencia a que no solo hace falta el aparato sino por cada uno se necesita un médico capacitado en epidemias, un anestesiólogo, y dos enfermeros de cuidados intensivos. No se trata simplemente de aceptar estudiantes de medicina, con una conciencia social notable y una devoción digna de Hipócrates, como voluntarios en hospitales de campaña. En cuanto a estos últimos no es simplemente un problema de «camas», sino de camas y lugares con personal capacitado en condiciones de salud e higiene para albergar a los contagiados. La altísima tasa de contagios entre el personal de salud argentino demuestra a las claras que todas estas condiciones no existen. Y lo que es peor, luego de dos meses y medio de cuarentena, no han mejorado. Esto ha generado numerosas denuncias por los organismos gremiales del personal de la salud. Por ejemplo, el 3 de junio unas 40 agrupaciones de profesionales de la salud denunciaron: «Debe saberse que hoy el personal de salud argentino es perseguido, bajo amenaza de perder el trabajo, mediante aprietes de toda naturaleza, agravados por el abuso que ya de por sí implican los regímenes de precarización laboral, fomentados y concretados por los administradores de salud, tanto estatales como privados». Y continuaron: «Debe saberse que hoy la salud está tomada por el poder político, quien sistemática e históricamente la abandonó a su suerte, sin importarle la calidad asistencial ni el bienestar de quienes la dispensamos dejando nuestra vida en la tarea. Y la privada, por inescrupulosos empresarios que emplean por poco dinero y abonando a largos plazos. […] Hacemos notar y denunciamos que hoy, al personal de salud, quieren posicionarnos en el ojo de esta tormenta, desencadenada por la pandemia de COVID-19, pretendiendo hacernos responsables de la ineficiencia de un sistema sanitario viciado y expoliado. Un sistema debilitado, que no posee protocolos de actuación eficientes ni acordes a la realidad de salud local. Un sistema sostenido por colegas que, en su gran mayoría, no cuentan con el material de protección adecuado y en cantidad suficiente».

Todo lo anterior puede, simplemente, ser resultado de un gobierno incapaz, ampliamente sobrepasado por la masividad y peligrosidad de la pandemia. Pero al mismo tiempo, la pandemia ha traído una cantidad de problemas económicos. El Observatorio de la Deuda Social, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en su informe de fines de mayo 2020 explica: «Las consecuencias de la cuarentena (o de la pandemia, como prefiere Alberto Fernández) en la Ciudad de Buenos Aires y en treinta partidos del Conurbano son apabullantes. El 8,9% de los ocupados perdió su empleo desde que comenzó el aislamiento obligatorio y el 39,3% está suspendido o debió dejar de trabajar. En los hogares pobres, el 15,4% se quedó sin empleo y el 52,8% está suspendido. También está suspendido o dejó de trabajar el 44,4% de los socios o empleadores. El 19,8% de los ocupados no tuvo ingresos durante la cuarentena y el 44,2% tuvo menos ingresos. Entre los pobres, los que no tuvieron ingresos fueron el 25,1%, mientras que el 50,5% cobró menos. El trabajo virtual es estrella mediática del momento, pero solo el 26,8% de los empleados pudo trabajar a distancia. En los hogares pobres del Conurbano lo hizo solo el 6,4%». El gobierno nacional maneja sus propios números y no son mejores. Un informe elaborado este mes en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señala la gravedad de la caída de la industria en plena cuarentena. La siderúrgica llegó a caer el 74,6% y la automotriz, el 100%. La facturación de maquinarias y equipos disminuyó un 59%; en los hoteles, un 75%; y en los comercios pymes, un 57,6%. La demanda de electricidad en las empresas productoras de materiales para la construcción se derrumbó un 93,7%; en la industria metálica, un 80,9%; y en las textiles, un 84%.

Pero estos no han sido los únicos aspectos de la crisis a considerar. Debería quedar claro que para muchos sectores la pandemia ha profundizado una situación crítica que, en Argentina, implicaba una recesión durante los últimos siete años. Al mismo tiempo, la crisis es también una oportunidad para otros. Por ejemplo, los grandes grupos económicos argentinos vienen demandando una devaluación del peso argentino, en relación con el dólar, desde hace ya cuatro años como forma de reducir desde los gastos del estado hasta lo que denominan el «costo argentino». En escasos cinco meses la divisa norteamericana pasó de valer 68 pesos, en diciembre de 2019, a 124 en el mercado paralelo. Al mismo tiempo, la oleada de despidos y suspensiones le permitió al empresariado negociar con la CGT una reducción «temporaria» de 25% en los salarios. En un país donde seguimos pagando el impuesto para financiar la Guerra de Malvinas, todos sabemos que temporario equivale a permanente. Pero además de reducción salarial, las grandes empresas han logrado que el gobierno se haga cargo de hasta el 50% de los salarios de los empleados privados, junto con una emisión de miles de millones en «préstamos» a baja tasa de interés a empresas necesitadas. La idea era que estos fueran entregados a pequeñas y medianas empresas en crisis; pero al ser distribuidos a través de la banca privada, fueron privilegiadas aquellas empresas que contaban con respaldo suficiente para pagar el préstamo… y que, obviamente, no estaban en crisis. Lo peor es que ha habido varias denuncias, aun no comprobadas, de que los fondos prestados fueron utilizados para especular con divisas o colocándolo en el mercado financiero a tasas de hasta 48%.

Lo anterior se combina con cierta colusión entre funcionarios y empresarios. Por ejemplo, en medio de la crisis, donde una inmensa cantidad de la población no tiene ingresos, hubo aumentos de tarifas de servicios como gas y electricidad. Eso sí, ahora la factura de gas nos llega dos veces al mes, asi se nota menos el aumento. Tampoco fueron suspendidos y reducidos los impuestos mensuales, como por ejemplo el así llamado «impuesto a la ganancia» que en realidad es un impuesto al salario de los sectores trabajadores mejores pagos. Por su parte, y para financiar la emisión estatal en subsidios y préstamos a bajas tasa de interés, los diversos gobernadores han tomado medidas para reducir el gasto estatal. Por ejemplo, el personal de salud pública en la provincia de Córdoba recibe solo 75% de su salario, mientras que docentes y empleados provinciales vieron su jubilación reducida en 6% real en una sesión nocturna y virtual de la legislatura provincial. Y como hay cuarentena y no se puede utilizar el transporte público, las empresas han determinado no pagar salarios, mientras continúan cobrando subsidios estatales. Esto ha desatado una cantidad de conflictos que no salen en las noticias, pero que circulan en las redes sociales, con relativamente poco impacto.

Esto también es «ganancia de pescadores» en el río revuelto. La pandemia (y el gobierno) han logrado instaurar el miedo en la población. Esto no solo impide la movilización callejera, sino de hecho fractura a los afectados por las medidas económicas. Al establecer una dicotomía «cuarentena o economía», donde esta última significa la muerte de miles de conciudadanos, el gobierno ha impuesto un dilema de hierro para aquellos que han agotado sus escasos recursos y ahora comienzan a pasar necesidades extremas: o cumplo la cuarentena y paso hambre, o trabajo y me muero yo y mi familia. Esto se refuerza con la presencia cada vez mayor de las fuerzas de seguridad en la calle, y su discrecionalidad para hacer cumplir las normas. En realidad, el comportamiento de estas fuerzas, comparado con la norma (que es bastante mala), ha sido bueno; pero la ganancia es el acostumbrar a la población a los chequeos, controles, y detenciones constantes.

Todo lo anterior se combina con el hecho de que el presidente y sus ministros han podido gobernar y tomar medidas sin necesidad de la aprobación ni del Congreso ni de la Corte Suprema, ambos en receso por la pandemia. Por ejemplo, han definido la libertad o la prisión domiciliaria para numerosos presos acusados de corrupción pertenecientes al gobierno kirchnerista; plantean la posibilidad de «ampliar» la Corte Suprema con jueces adictos; aumentan salarios de funcionarios y elevan impuestos sin pasarlo por el Congreso. Más allá de si las medidas tomadas son buenas o malas, la realidad es que se gobierna por ucase (o sea proclamación monárquica) y no por consenso y negociación. Esto más allá de que la oposición, y en particular la izquierda, han reclamado a voz en cuello que se regrese a sesionar. Dicho de otra manera, la pandemia está debilitando los lazos republicanos de la nación.

Todo lo anterior no es para «denunciar» al gobierno argentino. Menos aún en una situación terriblemente complicada, que no tiene buenas respuestas. Si es para pensar que habría que considerar alternativas, y para preocuparnos por el hecho de que no lo estamos haciendo. Cada vez que habla en público Alberto Fernández compara las medidas de su gobierno con las de países de Europa Occidental o con los países vecinos cuyo combate a la pandemia fue muy criticado. Más aún, en una de sus últimas conferencias Fernández comparó la Argentina con Suecia, concluyendo que estábamos mejor. Obvio que no habló ni de los recursos, ni del sistema de salud sueco. Fue algo asi como comparar peras con manzanas. ¿Por qué no buscó lecciones en los países asiáticos que han sido bastante más exitosos en combatir la pandemia? Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, y en menor grado China, han logrado lidiar con la pandemia sin sacrificar sus economías, y teniendo una mínima cantidad de muertos (en el caso de Vietnam, ninguno). La respuesta debería ser obvia: desde el eurocentrismo y la ignorancia, hasta cierto racismo y desconsideración de experiencias en apariencia tan distintas a la argentina. Pero en realidad, lo que hay, es un aprovechamiento de las oportunidades que da la crisis para reforzar el poder el oficialismo y los empresarios sobre los trabajadores y los ciudadanos comunes.

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