Defender la educación y el trabajo

por María Magdalena Pérez Alfaro

Rafael es profesor de educación física en preescolar y primaria, tiene aproximadamente 100 niños a su cargo, y viaja una hora y media diariamente para llegar a sus centros de trabajo que se ubican en una comunidad rural de la sierra de Oaxaca. Aunque tiene sólo 28 años lleva casi 10 en pie de lucha. Cursaba estudios de contabilidad cuando se desarrolló el movimiento magisterial y popular que dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006. En aquella ocasión, los maestros oaxaqueños realizaron marchas y un plantón en la capital del estado en demanda de aumento salarial y atención a las necesidades de las escuelas.

El movimiento magisterial creció gracias al apoyo de amplios sectores sociales, entre los que destacaron los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Los gobiernos local y federal organizaron una campaña mediática y un operativo militar-policial impresionante para combatir a los maestros, quienes desconocieron como interlocutor al gobernador, Ulises Ruiz, debido a su indisposición al diálogo y a las medidas represivas implementadas para acabar con el movimiento. La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) elaboró en 2009 un informe sobre lo ocurrido en el periodo de mayo de 2006 a febrero de 2007 para denunciar los secuestros y detenciones ilegales a miembros del movimiento, el encarcelamiento prolongado de cientos de personas, el exilio forzado por amenazas de muerte, casi un centenar de casos de tortura y violaciones a mujeres detenidas por parte de elementos de la policía y el ejército, y más de 25 homicidios de carácter político.

                Después de haber participado como universitario en la APPO, Rafael decidió abandonar sus estudios de Contabilidad para convertirse en maestro porque el movimiento le “cambió la vida”. En la escuela normal, pero sobre todo en la práctica docente –cuenta él mismo– fue adquiriendo mayor conciencia de la realidad educativa nacional. Para él, la postura irreductible de los maestros oaxaqueños puede ser plenamente explicada cuando se analiza la prevaleciente injusticia social de las comunidades rurales e indígenas de todo el país. En tales condiciones, la relación de los profesores con la población a la que pertenece la escuela tiene que ser muy estrecha, pues de la colaboración de toda la comunidad depende el sostenimiento de las instalaciones, ya sea por medio de las brigadas de padres de familia que se ocupan del mantenimiento, como de las modestas actividades de autofinanciamiento con que hacen crecer el poco presupuesto que la Secretaría de Educación Pública les envía. Otra parte importante del aprendizaje está en la jornada extra que tiene cada profesor al participar de las actividades de la comunidad, gracias a la cual los maestros oaxaqueños han recabado conocimientos que aportaron en la elaboración de un proyecto alternativo de educación que considera las características de la localidad, respeta la diversidad e incluye las formas organizativas de las comunidades indígenas, se llama el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

                En agosto de 2013 conocí al profesor Rafael en el plantón que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron en el zócalo de la Ciudad de México para exigir la derogación de la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2012. Dicha reforma es la última y más lesiva de todas las medidas neoliberales que se han implementado en materia educativa durante las dos últimas décadas en México, por dos razones: busca la privatización paulatina de las escuelas públicas por medio de la autogestión y la intervención de la iniciativa privada, es decir, tiene por objetivo que el Estado se deslinde de la responsabilidad económica en el sostenimiento y ampliación de la infraestructura educativa (en ese aspecto el plan incluye la desaparición de las escuelas normales); por otra parte, amplifica el control estatal respecto a la designación de plazas de profesores, disminuyendo el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y aplicando un sistema punitivo de evaluaciones periódicas a los docentes con el cual se condiciona la estabilidad laboral, se castiga el disenso y se nulifican los derechos de los maestros como trabajadores del Estado.

Para aplicar la reforma, el gobierno federal ha tenido que militarizar los estados de donde provenía la mayoría de profesores que en 2013 llegaron a ocupar la principal plaza del país: Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Morelos. En septiembre de aquel año la policía federal realizó un operativo para desalojar a los maestros utilizando tanquetas, helicópteros, toletes y gases lacrimógenos. No ha sido la vía del diálogo, sino la fuerza la manera en que se ha respondido a los profesores. El Secretario de Educación que sustituyó por su incompetencia a Emilio Chuayffet en agosto del presente año, Aurelio Nuño, ha declarado públicamente la guerra a los maestros diciendo que la única negociación a la que está abierto el gobierno federal para dialogar con los maestros es sobre la aplicación de la reforma.

El nuevo funcionario llegó justamente cuando comenzaron las evaluaciones previstas en la reforma. En el caso de Oaxaca, el gobernador que había negociado con el sector más combativo de los maestros para crear el PTEO, Gabino Cué, este año se alineó al gobierno federal y permitió la militarización de todo el estado para realizar las pruebas. Los enfrentamientos del pasado fin de semana demuestran con toda claridad la impunidad con la que actúan las fuerzas federales para contener a los maestros que no están dispuestos a aceptar una reforma tan lesiva de sus intereses: mientras los docentes realizaron marchas pacíficas, los militares y policías acordonaron los edificios donde se aplicaron las evaluaciones y repelieron a los maestros con gases lacrimógenos; fueron desplegados 5000 policías, armados con tanques y metralletas, para resguardar a 4000 maestros que serían evaluados, de los cuales sólo se presentaron 2800 –muchos lo hicieron por temor a perder sus puestos de trabajo.

Durante los últimos meses las autoridades educativas han ocupado diversos medios para hacer que sus subordinados presenten las pruebas de 8 horas de duración y que han sido criticadas ampliamente por serias deficiencias de contenido y hasta faltas de ortografía. Por ejemplo, se utilizaron helicópteros en Michoacán para trasladar a la elite docente a las sedes de los exámenes; alojaron a profesores y profesoras en hoteles en Veracruz, para después llevarlos al examen a punta de macanazos; realizaron una campaña mediática en todos los formatos para desprestigiar y criminalizar a los maestros disidentes, y ocuparon las tácticas más tradicionales del rumor y las amenazas para coaccionar a los docentes a evaluarse. Pese a todo, las cifras oficiales siguen mostrando que la aplicación de la reforma es un fracaso en la práctica, pues ya se han levantado en protesta contra ella en más de 17 estados, y aún no son mayoría los maestros que se han presentado a las pruebas.

Al inicio del movimiento magisterial en 2013, el profesor Rafael preveía que esta vez la lucha contra la reforma iba a ser más larga y se preguntaba cómo hicieron en 1958 los maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio, y años después Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, para sortear las adversidades. A esas alturas –comentaba el profesor oaxaqueño– la experiencia le confirmaba que la batalla de los docentes es sólo una expresión de la continuación de la lucha de clases que desde aquellos años siguen librando los maestros que son conscientes de su papel en la historia. Su gesto era el de un joven preocupado, pero convencido de estar participando en una batalla justa. Cuando nos despedimos no sabíamos que cuatro profesores de la Sección 22 iban a ser encarcelados por delitos absurdos como “robo calificado con violencia a las cosas”, ni que otros cinco de sus compañeros serían asesinados en el transcurso de 2015.

Quise contar en esta columna parte de la historia de Rafael porque hoy los maestros mexicanos que protestan y se organizan contra la reforma educativa están librando una de las luchas más importantes de nuestro tiempo en México; son ellos la expresión de un gran malestar social originado por las consecuencias del capitalismo rapaz que representa el neoliberalismo. Cuando miro las noticias y observo la tenacidad de los maestros oaxaqueños siempre pienso que en sus filas hay cientos de profesores como Rafael que se han formado al calor de la lucha y han decidido continuar porque para ellos está empeñado el sentido de su profesión y su vida misma. Muchos mexicanos que sienten ajeno este movimiento deben percatarse de que los reclamos de los maestros no tienen qué ver nada más con su gremio, se trata éste de un combate contra un modelo económico que pretende supeditar a la educación de nuestros países a los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de las élites gobernantes. Es una batalla que también busca evitar que la educación se mercantilice y se convierta en un privilegio, es un movimiento que reivindica a la educación y al trabajo docente como derechos de todos.

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