Reflexionar sobre la universidad en pie de guerra

por Pablo Pozzi

Luego de 20 días de paro en defensa de la universidad pública, el 12 de mayo miles y miles de docentes, no docentes y estudiantes universitarios argentinos se movilizaron por las calles del país. En realidad fue emocionante ver tanta juventud que reaccionaba a pesar de años de propaganda neoliberal denostando la educación pública y gratuita. Si bien los estudiantes se movilizaron en defensa de lo que son sus intereses, no puedo más que agradecer la solidaridad que expresaron con la reivindicación de nosotros, sus maestros. A veces la docencia te hace pensar que siembras en el viento, hasta que un hecho como éste revela que los esfuerzos, tarde o temprano, germinan. Al mismo tiempo es notable que buena parte del sindicalismo docente universitario, que colaboró con el anterior gobierno para mermar los salarios docentes durante los últimos cinco años (no olvidemos que la última paritaria otorgó un 23% de aumento en tres cuotas repartidas durante un año y medio junto a una clausula no huelga), se vio obligado por sus bases a movilizarse muy a pesar suyo. Una alegría constatar que tengamos capacidad de resistencia, y de decir que no.

Pero creo que también la marcha de los universitarios es un llamado a la reflexión. La oferta del gobierno de Macri de un 15% de aumento salarial para mayo, frente a un 40% de inflación sólo en el mes de abril, junto con el rechazo a incrementar el presupuesto universitario tiene dos lecturas. La primera es que Macri y sus ministros han decidido que el ajuste a la universidad pública debe ser por vía presupuestaria. La segunda es que es una continuidad de las viejas políticas de desinversión en la educación universitaria que tienden a favorecer su privatización, o sea no es una política de Macri sino del conjunto de la burguesía. La agenda neoliberal se ha visto favorecida por el uso indiscriminado que hizo el gobierno anterior kirchnerista de la universidades públicas y su presupuesto en función de sus necesidades políticas.

Un elemento notable, a tomar en cuenta, es que Macri y su ministro de Educación Esteban Bullrich, resisten a pie firme cualquier forma de negociación con la comunidad universitaria. Por un lado han repetido hasta el hartazgo que los cálculos en torno al presupuesto universitario «no son ciertos» y que éste es suficiente. Por otro, y luego de la movilización del 12 de mayo, «mejoraron» la oferta: ahora plantean «un incremento salarial de 18% a cobrar en junio, que incluye 2% de jerarquía docente y un 15% a cobrar en diciembre». ¿En junio? Si la inflación fue del 40% en abril, más la de mayo que será, digamos, 30%, un aumento del 18% (menos el 2% por jerarquía) equivale en realidad a una oferta menor (pero disfrazada) a la del 15% original. Otra vez, esto es notable. El país se vuelca a las calles, hay huelgas por todos lados, conflictos sin fin, y en nuestro caso la universidad se halla en pié de guerra. Es más, el semestre académico está, en realidad, perdido aunque las autoridades no lo quieran reconocer. ¿Y el gobierno redobla la apuesta ofreciendo menos aun? ¿Y los sindicatos docentes arrugan y dicen que «van a consultar a las bases» en vez de rechazarlo e incendiar el Ministerio de Educación? ¿Y no renuncia ni un secretario y menos aun el Ministro? ¿Qué pasa? Una vez más: lo evidente es que la política de Macri no es «de Macri», sino del conjunto de la clase dominante. Los empresarios se encuentran sólidamente unificados en torno a este gobierno para llevar adelante su ajuste, contra viento y marea. Por eso el gobierno resiste a las presiones populares y mantiene su curso incólume. Y en esto también hay que tomarlo en cuenta: hace muchos años que la burguesía decidió que la educación pública y de masas (y en particular una universidad libre y gratuita) no es necesaria en el nuevo mundo para pocos. Aun más, como lo que hacen falta son técnicos altamente especializados, el resto son simplemente peligrosos: sobre todo si son cultos y pensantes.

Dicho esto, la reflexión debe también incluir aspectos autocríticos. No es la primera vez que las universidades públicas han sido agredidas, como tampoco es la primera vez que la comunidad universitaria se moviliza masivamente en su defensa. Sin embargo, es innegable que la calidad y excelencia de nuestras universidades se viene deteriorando desde hace casi tres décadas. Luchamos contra la Ley de Educación Superior (LES) del gobierno menemista, y perdimos. Bajo la presidencia de De la Rúa logramos derrotar al proyecto de López Murphy (que incluía el arancelamiento y exámenes de ingreso) pero no pudimos revertir la LES. El kirchnerismo tampoco modificó la reforma menemista. Y mientras tanto surgieron universidades privadas por doquier. ¿Por qué?

Cuando Menem planteó su ataque a la educación pública universitaria, la oposición (nosotros) nos movilizamos en contra, defendiendo la Reforma de 1918. El problema es que todos reconocíamos que esa universidad estaba perimida. No sólo se cuestionaba el sistema de cátedras, sino también el gobierno universitario tripartito. Sin embargo, no logramos articular una propuesta alternativa. Por ejemplo, ni discutimos ni pensamos cuántos historiadores, de qué tipo, y con qué formación debíamos tener. Esto es notable porque si lo hicimos en 1984-1985 generando reformas en los planes de estudio y actualizaciones pedagógicas. Pero no frente a la LES. En el mejor de los casos, llegamos a plantear tímidas reformas al gobierno universitario (desde juntas departamentales hasta la equiparación del voto estudiantil con el voto docente). Y reclamamos aumentos en el presupuesto sin discutir ni controles ni en qué se debía gastar.

En cambio el neoliberalismo tenía muy en claro su proyecto universitario: estudiantes como clientes, docentes precarizados, flexibilizados y polifuncionales, facultades que desarrollaran «recursos genuinos» proveyendo servicios a empresas privadas, arancelamiento y restricciones al ingreso, y una «eficiencia» medida por un polinomio que incluía la cantidad de ingresantes, de egresados, la producción, y el presupuesto. Al mismo tiempo definió una serie de incentivos, subsidios y contratos que permitían vivir muy bien a una elite de los intelectuales en los intersticios de la agenda neoliberal.

A esto debemos agregarle que surgieron una importante cantidad de nuevas universidades públicas. Y si bien algunas fueron bien pensadas, con un sólido anclaje con sus comunidades, muchas otras fueron producto de necesidades políticas regionales. Estas últimas no tomaban en cuenta, fuera de su discurso, ni la existencia de recursos humanos idóneos, ni su vínculo con la educación secundaria. En cierto sentido fue una forma de captación de sectores medios profesionales que, además de su desempeño privado, ahora contaban con el salario, la obra social y el prestigio de ser profesor universitario, aunque no la idoneidad: por ende un abogado que nunca investigó o publicó una línea podía enseñar historia igualito que un historiador con doctorado, o un periodista podía enseñar Letras aunque no supiera escribir sin faltas de ortografía, y cualquier farmacéutico podía dictar clases de química.

En el proceso las universidades públicas y gratuitas fueron perdiendo su razón de ser original mientras que el utilitarismo neoliberal avanzaba en forma sostenida. ¿Para qué sirve la educación universitaria? Para gente como Macri sólo sirve para producir insumos humanos para las empresas privadas. Por ende las carreras humanísticas son cada vez menos necesarias frente a las que tienen salidas tecnológicas o de servicios económicos (abogado o contador, por ejemplo). Pero en su proyecto original, aquel que fue emergiendo luego de la Reforma de 1918, la universidad es pública y gratuita porque es un lugar de propagación de cultura, de formación de pensamiento crítico, de generación de ciudadanos pensantes. En el primer sentido la universidad es un subsidio indirecto a las empresas privadas que facilita «sus inversiones». Así lo que hace falta son la cantidad de profesionales y técnicos que determina «el mercado», mientras que el resto de la población puede seguir ignorante, inculta y cada vez más embrutecida. En el segundo, es una inversión en la sociedad argentina en general. Por eso el ingreso debe ser abierto a todos aquellos con una educación secundaria. Y como para generar pensamiento crítico hace falta una universidad vibrante de ideas, accesible a todos los sectores sociales, y libre de las injerencias autoritarias políticas del Estado, debe ser gratuita.

¿Cuál de los dos proyectos es más exitoso? La respuesta está a la vista. Tenemos universidades privadas hace ya más de medio siglo, ¿cuántos grandes intelectuales argentinos son egresados de las universidades privadas y cuántos de las públicas? Según todas las empresas que miden la excelencia universitaria la mejor universidad argentina es la de Buenos Aires, seguida por la de La Plata y luego la de Rosario. Las privadas figuran bien abajo en el ranking universitario, incluyendo aquellas que hacen alarde de prestigio como la Universidad Di Tella. Y eso que estas empresas de medición son privadas y por ende sus criterios tienden a estar sesgados en esa dirección. Ni hablar de quiénes concentran casi toda la investigación científica e intelectual del país: una vez más las nacionales. Las privadas no lo hacen porque no es negocio; de hecho muchas gastan más en publicidad que en sus escasas bibliotecas. Eso sí, tienen bonitos edificios, quizás porque reciben subsidios, directos e indirectos, del Estado. De ahí que la intención del neoliberalismo sea retener todas las ventajas de las universidades públicas, mientras se privatiza el ingreso y la investigación todo lo posible.

Quizás el problema es que el neoliberalismo nos ha hecho mella a todos. Me recuerda a los compañeros telefónicos que en 1991se oponían a la privatización de ENTEL sin saber muy bien por qué, o sea más por tradición que por convencimiento. Aquí tiende a pasar lo mismo, y muchos realmente defendemos la universidad pública por tradición, o peor aun porque no queremos pagar, sin tener noción de la importancia que tiene. Por ejemplo, los docentes luchamos para que los colegas ad honorem tengan rentas. Eso es justo. Sobre todo porque no se debe trabajar sin una remuneración. Pero al mismo tiempo, si les conseguimos dos mil pesos por mes nos damos por satisfechos, y así los incluimos en la gran masa de precarizados. La realidad es que nuestra lucha debería ser para que cada docente tenga una dedicación de tiempo completo y un salario que le permita vivir dignamente de un solo trabajo, como en cualquier lado del mundo, excepto aquí. En cambio mis colegas de la UBA, con una dedicación simple, corren de un lado a otro para poder completar un salario. ¿Quién plantea que hay que aumentar la dedicación de ese 80% de mis colegas? Nadie. ¿Por qué no? Quizás porque eso implicaría que haya que reducir el plantel docente (¿si todos estamos a tiempo completo, somos todos necesarios?). O también que eso implicaría que las exigencias para los nombramientos serían más estrictas, o que solo se accede cuando hay una vacante. El resultado es evidente: hemos incorporado de hecho la flexibilización y la precarización laboral.

Otra forma en que nos ha penetrado el neoliberalismo es que todas las universidades públicas han «desarrollado» recursos genuinos a través de ofrecer servicios a terceros. Mientras tanto toda una parte de la agenda de investigación es guiada por contratos con empresas privadas. Es más las universidades públicas y «gratuitas» cobran el posgrado, el título, y muchas cosas más, y muchas tienen una «contribución voluntaria» o «solidaria» obligatoria o sea un arancel disfrazado. Por un lado esto complementa los exiguos presupuestos, por otro ofrece múltiples posibilidades de corrupción ya que hay escasos controles, mientras que contribuye a limitar el ingreso a los sectores sociales más pudientes.

Por otro lado, parecería que hay docentes, no docentes y estudiantes que ignoran que el conjunto del pueblo paga por la universidad pública. O sea es gratuita porque no se cobra un arancel, pero no lo es porque la pagamos entre todos. Así tenemos docentes y no docentes que no cumplen sus tareas o no se perfeccionan, y estudiantes cuya única inquietud es aprobar sin estudiar mientras destruyen edificios y equipamientos. Y ni hablar de los partidos políticos que lo único que les interesa es ganar una cátedra o facultad para poner tener un espacio donde meter a sus «clientes» y propagar sus «ideas» sin considerar si esto construye conocimiento aporta a la educación. De hecho, la universidad pública sigue existiendo por aquellos individuos que, más allá de lo exiguo de sus salarios, del maltrato de sus gobernantes, de la inoperancia y oportunismo de sus autoridades, de la burocratización de sus sindicalistas, la subsidian con su esfuerzo y su dedicación.

Yo creo que hay que reformar la universidad y hacerla útil a la sociedad. En eso se me ocurren algunas cosas, que pueden estar bien o mal pero por lo menos da un lugar desde donde empezar a discutir. La universidad pública debe mantenerse libre, gratuita y de ingreso irrestricto, con autonomía y autarquía. No debe brindar servicios a terceros, ni vender los resultados de sus investigaciones que son un bien público y por ende pertenecen al estado. Cada carrera debe rediscutir el perfil del egresado en función de la sociedad actual, no la de hace 50 años. Muchas disciplinas han incorporado contenidos, perspectivas, y temáticas de hecho que deberían ser organizados e institucionalizados. Hay carreras que han crecido tanto que merecen instituciones propias, como por ejemplo Ciencias de la Educación que debería tener su Universidad Pedagógica Nacional. El sistema de cátedra, que representó un avance en 1918, ha quedado atrasado en un contexto de universidades masivas por lo que debe ser reemplazado por una amplia oferta de materias. En ese sentido me parece importante ampliar las ofertas de estudio, organizarlas por área, hacer énfasis en temáticas contemporáneas y en prácticas de investigación. Creo que a cambio del ingreso gratuito los egresados deben brindar algunos años de servicio al estado, sobre todo en zonas carenciadas del país. Eso no sólo les ampliará los horizontes de experiencia, sino que ayudará a desarrollar toda la geografía nacional; y los que no quieren siempre pueden ir a una universidad privada. Creo que hay que garantizar la libertad de pensamiento. ¿Queremos cátedras marxistas? Yo no. A menos que sean buenas, por lo cual quiero decir que fomenten el pensamiento crítico. Reemplazar el pensamiento monocromático neoliberal y posmoderno por la Academia de Ciencias de la URSS, o las obras completas de Trotsky o del Che Guevara, no me parece un cambio positivo. Quiero egresados bien formados y pensantes y no me importa si son o no marxistas. Sobre todo porque creo que si son pensantes vamos a llegar a conclusiones similares en cuanto a la explotación y la dignidad humana. Tenemos que garantizar el acceso de profesores capacitados y bien formados, sea esto vía concursos o carrera docente, y poner fin al «amiguismo» y el clientelismo en los nombramientos. Hay que modernizar los programas de estudios, e invertir mucho más en equipamiento en serio. El gobierno de la universidad debe incluir a los trabajadores no docentes con voz y voto en todas sus instancias. Pero creo que debemos seguir con el voto ponderado. La universidad no es una institución democrática sino que es una productora de conocimiento y por ende jerárquica. Por mucho que me simpatice la idea de «una persona un voto», un estudiante no tiene (o en general, y con excepciones, es así) la formación, el conocimiento y la experiencia de un profesor. Por ende su participación es fundamental en los órganos de gobierno, pero creo que la Reforma de 1918 tenía razón cuando señaló que la «universidad se gobierna por sus profesores con otros claustros». Toda universidad debe tener un servicio social, y ningún estudiante debería recibirse sin haber cumplido un período de servicios, al igual que ningún profesor se lo puede considerar que cumple sus tareas sin desarrollar algún aspecto en este tema.

Y podría seguir largo y tendido, pero son algunas ideas. Lo central no es si tengo o no razón. De hecho es más que posible que me equivoque en casi todo. Pero lo principal es que si no nos movilizamos para gestar un proyecto alternativo de universidad, fuertemente ligado a las necesidades de nuestra sociedad, vamos a desperdiciar el maravilloso esfuerzo de tanta pero tanta gente que se movilizó el pasado 12 de mayo. Y sin proyecto propio, el neoliberalismo, y el gobierno de Macri, al igual que todos los anteriores desde 1989, van a continuar imponiéndose lenta pero inexorablemente hasta que tengamos universidades públicas que sean privadas en todo menos en la denominación.

13 de mayo de 2016

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